El Ejecutivo balear renuncia a la construcción de un campo de polo en Mallorca

Carmen Arriola
Palma de Mallorca

El Ejecutivo de Jaume Matas no construirá el campo de polo que estaba previsto desarrollar en el municipio mallorquín de Campos, pero mantiene su compromiso de impulsar el desarrollo económico de la localidad. Para conseguirlo, dará luz verde a la propuesta de edificar una clínica termal con capacidad para unas 300 personas junto al balneario de Sa Font Santa. Una empresa alemana tiene previsto invertir 36 millones de euros en esta iniciativa, que incluye la rehabilitación del antiguo balneario, con el fin de convertirlo en un atractivo turístico para toda la Isla.
La consejera Mabel Cabrer ha explicado que será el Ayuntamiento de Campos el que decida si el proyecto termal resulta interesante para el desarrollo económico del municipio. De momento, el Gobierno allanará el camino para permitir su ejecución, ampliando a los usos sociosanitario y turístico la calificación urbanística de la zona.
El proyecto supondrá una inversión de 50 millones de euros. Contará con una capacidad de 300 enfermos en habitaciones individuales, además de las dependencias termales. Asimismo, se prevé rehabilitar el balneario, que fue construido hace 158 años y utilizarlo como salas terapéuticas y construir una piscina con aguas termales.
El terreno es propiedad de la familia Morell Oliver, pero quien impulsa el proyecto es la entidad alemana Schuechtermann Klinik, que cuenta con numerosas clínicas de rehabilitación en Alemania y trabaja con las llamadas ‘cajas de seguros’, que pagan estancias en balnearios a los trabajadores asociados.

Decisión política.- El Gobierno balear tenía previsto cumplir una de sus promesas electorales y aprobar la modificación de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) que haría posible ejecutar un campo de polo en el municipio de Campos. Sin embargo, tras conocer que el Pacto de Progreso, que gobernaba las islas la pasada legislatura, había indemnizado al grupo alemán KDG, promotor del proyecto, para impedir la ejecución del proyecto, ha decidido eliminar del proyecto de ley esta disposición.
Aunque no había transcendido hasta ahora, el pago fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 4 de abril, bajo la presidencia de Francesc Antich, y se hizo efectivo en junio, cuando el Ejecutivo del Pacto estaba en funciones, tras perder las elecciones frente al PP. La empresa no está satisfecha con la cantidad percibida y ha entablado un litigio contra la comunidad autónoma en el que reclama 27,60 millones por la pérdida de derechos edificatorios.
A la espera de un informe jurídico que clarifique las consecuencias legales de este hecho, el Gobierno de Matas ha optado por descartar el proyecto, en una decisión que Cabrer ha calificado de “política”.