La Xunta requiere al Ayuntamiento de A Coruña que subsane deficiencias para aprobar el nuevo Plan

Las cuestiones de mayor calado identificadas por los técnicos de Urbanismo de la Xunta de Galicia tienen que ver con tres aspectos fundamentales. Por una parte, se planifican actuaciones singulares en zonas que tienen calificación de sistemas generales, vinculando la transformación de estos ámbitos a futuros convenios pendientes de planteamiento, provocando de este modo una duplicidad de clasificación no prevista ni permitida por la legislación urbanística.

En segundo lugar, en el que se refiere a la capacidad residencial, el informe señala que no se justifica la demanda futura de viviendas, sino que esta se calcula sólo en función de la ordenación propuesta sin tener en cuenta previsiones realistas de incremento de población. Además, el estudio económico contiene previsiones de financiación que implican a la otras Administraciones o entidades públicas sin la previa acreditación de su conformidad.

En la documentación remitida por el Ayuntamiento coruñés se prevén cuatro actuaciones singulares en zonas que denomina de nueva centralidad, y que tienen la calificación de sistema general portuario (Puerto), sistema general ferroviario (estación de ferrocarril), ámbito remitido a Plan Especial (estación de autobuses) y suelo urbano consolidado (Fábrica de Armas).

La calificación de estación de autobuses deberá ser la de sistema general de comunicaciones, mientras que la Fábrica de Armas deberá considerarse como suelo urbano no consolidado.

Por otro lado, el plan general prevé la transformación de estas zonas a través de convenios con las administraciones implicadas, que aún se encuentran pendientes de planteamiento. El informe subraya que los convenios no pueden sustituir a los planes generales de ordenación general del territorio como instrumentos de ordenación y que, en todo caso, la transformación de estos ámbitos debe realizarse a través de la correspondiente modificación puntual del Plan.

En relación con la extensión del término municipal y la estrategia de desarrollo, el Plan no estima una demanda futura de viviendas, sino la capacidad residencial derivada de la ordenación propuesta. De hecho, se toma como referencia el número de viviendas construidas en el periodo 1999-2007, una etapa de gran auge constructivo con cerca de 22.000 viviendas. Según la documentación que aporta el Ayuntamiento, la previsión es realizar 33.900 nuevas viviendas, de las que 24.723 son denominadas principales por considerar que son las que se van a ocupar. En este sentido, el ratio resultante estimado en el Plan es de 2,6 habitantes por vivienda, lo que se traduce en un incremento poblacional de más de 64.000 habitantes sobre los 247.000 existentes.

Por otra parte, según la Xunta, no se aclara el horizonte temporal del plan -se mencionan 12 o 20 años-, y las Directrices de Ordenación del Territorio (aprobadas inicialmente por la Orden 15/09/2008) establecen la necesidad de fundamentar las previsiones de carácter residencial de los instrumentos de planeamento urbanístico en un diagnóstico justificado de la necesidad de nuevas viviendas, en un horizonte temporal que no podrá ser superior a los 12 años.

Según indica el informe, el Plan debe justificar el ajuste de su modelo de ordenación a los principios de utilización racional del suelo y desarrollo sostible, de suerte que la ordenación propuesta sea congruente y se transforme urbanisticamente sólo aquel suelo que sea preciso.

En cuanto al estudio económico, el Plan no podrá contener previsiones de financiación de la ejecución de sistemas generales y de actuaciones públicas proyectadas atribuidas la otras administraciones sin la previa acreditación de su conformidad.

En el informe elaborado por la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo también se hacen indicaciones sobre la clasificación del suelo. En el caso del suelo urbanizable, existen diversos ámbitos que el Plan debe clasificar como suelo rústico (tal y como se recoge en el artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Protección del medio Rural de Galicia): los sectores SUD-6 (monte Alfeirán), el SUD-7 (A Zapateira), y el sector SUD-9 (La Zapateira II), ya que se encuentran afectados, total o parcialmente, por la prohibición de edificar, como consecuencia de las limitaciones impuestas por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alvedro. Asimismo, la zona del monte de Alfeirán engloba terrenos con una fuerte pendiente y cubiertos de arboleda, que podrían requirir protección forestal.

En cuanto a las indicaciones sobre el suelo rústico, hace falta señalar que se debe clasificar como suelo rústico de protección de costos los terrenos clasificados como rústico de protección de infraestructuras y de aguas situados en la zona de Bienes, que distan menos de 200 metros del límite interior de la ribera del mar. Los ámbitos ocupados por los cursos fluviales que discurren por el suelo urbano no se deben clasificar como suelo rústico de protección de aguas y, en la zona de las Xubias se clasifican simultáneamente ámbitos como suelo rústico especialmente protegido de espaldas y de infraestructuras, sin que el Plan identifique las infraestructuras.

La Secretaria General de Ordenación del Territorio y Urbanismo informó al Ayuntamiento de A Coruña de la decisión tomada por el Gobierno gallego y emplaza al Gobierno municipal a subsanar las deficiencias antes de su aprobación inicial. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente le ofreció al alcalde su leal colaboración institucional para conseguir la mejor ordenación urbanística para la ciudad.