Una ley para la galería

El próximo uno de julio entra en vigor la Ley del Suelo impulsada por el Ministerio de Vivienda de María Antonia Trujillo. Para la ministra, este nuevo texto va a ser la panacea que resuelva todos los problemas del urbanismo en España, mejore la relación entre la edificación y el medio ambiente y combata la especulación sobre el suelo.
Sin embargo, estas buenas intenciones no es tan fácil que se consigan por la mera aplicación de la nueva Ley del Suelo. Sin entrar a valorar el fondo de la ley, si nos atenemos a la forma en que ha sido aprobada, los pilares sobre los que se asientan no parecen muy sólidos. Todos los agentes intervinientes en los procesos urbanísticos reclaman desde hace bastantes años la existencia de un amplio consenso que, al menos, reúna a los dos grandes partidos que pueden alcanzar el Gobierno de la nación para elaborar una legislación del suelo.
Estas expectativas no se han cumplido, ya que la nueva ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del Partido Popular con un texto para el que el PSOE no se preocupó mucho de acercar posiciones con el principal partido de la oposición. Así, se ha aprobado un texto que no hará más que trasladar al sector un cierto aire de provisionalidad puesto que, en el caso de que en las próximas elecciones se produzca un cambio político, se volverá a poner en marcha una revisión y una nueva legislación.
Para que se puedan apreciar los efectos de una ley urbanística es necesario que pasen varios años y, al paso que vamos, va a ser difícil que en este caso se consiga. Si, además, tenemos en cuenta que esta ley tiene que trasladarse a las legislaciones autonómicas, puesto que son las comunidades las que tienen las competencias urbanísticas, nos metemos en todo un ciclo de trámites que alarga el procedimiento y su aplicación definitiva.