A merced de la gracia de La Moncloa

l horizonte penal de los Albertos depende ahora de la gracia de Aznar. O de quien dentro de un año sea el inquilino de La Moncloa. Su defensa ha decidido jugarse todo a la carta del indulto. Su afán principal es salvarles el deshonroso trámite de cruzar la puerta de prisión y, en último término, evitarles así una imagen que marca a fuego a quienes la soportan, como a fuego marcó a Mariano Rubio, a Mario Conde, a Javier de la Rosa o a Luis Roldán.
La cosa es como sigue. Los abogados de los Albertos ya han presentado en el Ministerio de Justicia la petición de indulto para sus defendidos. Al tiempo, piden que se suspenda su ingreso en prisión hasta el momento en que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la concesión o no del indulto.
Mientras, y para demorar la posibilidad de que la Audiencia Provincial de Madrid decida ejecutar la condena del Tribunal Supremo –la sala ya tiene en su poder la notificación de la sentencia–, han interpuesto dos recursos aclaratorios referidos a las cantidades que los Albertos deben pagar a los demandantes para responder a la condena civil. Esa cantidad son 24,55 millones de euros más los intereses de demora; en total, alrededor de 70 millones. Sin embargo, no están conformes con el momento desde que empiezan a contar los intereses de demora y, por tanto, con la cantidad resultante. Ese desacuerdo más parece una argucia legal para demorar la ejecución de la sentencia y, por tanto, su ingreso en prisión.
En todo caso, el indulto no es un salvoconducto para eludir la condena a prisión. Primero, porque la medida de gracia, de ser concedida, puede demorarse al menos un año. La de los Albertos no es la única petición que tramita el Ministerio de Justicia y todo lleva un proceso que, en el caso de la administración judicial, siempre es tedioso. Por otro lado, para que se conceda el indulto tienen que pronunciarse a favor primero el propio fiscal; segundo, los demandantes y, en último término, el Gobierno, que es quien concede la medida de gracia.
Fuentes jurídicas señalan que el fiscal –en este caso, la fiscal– no pondría mayor objeción. Los demandantes –la familia San Martín y el empresario Santieri– tampoco, siempre, claro, que los Albertos satisfagan antes las cantidades que les adeudan en concepto de indemnización por la estafa. Eso hasta ahora no ha ocurrido. Es decir, los Albertos todavía no han pagado. Y si no lo hacen pronto, Construcciones San Martín y Santieri están decididos a pedir la ejecución de la sentencia, es decir, el ingreso inmediato en prisión. Y, si luego siguen sin pagar, se pronunciarían en contra del indulto, en cuyo caso se paralizaría la medida de gracia.
Y luego está la posibilidad de que, para cuando se resuelva el indulto, Aznar ya no esté en La Moncloa porque en muy posible que se prolongue un año y, en abril de 2004 habrá otro inquilino en palacio. Y, dependiendo de quién sea el sucesor –o si se produce el vuelco electoral y gana el PSOE– , la suerte de los Albertos puede ser una o la contraria. Pero el escenario más probable es que Cortina y Alcocer paguen el dinero que la condena les obliga a abonar, vayan a prisión y luego salgan. Indultados.