Las inmobiliarias rechazan el plan para potenciar el alquiler elaborado por el Ministerio de Fomento

Las medidas presentadas por los ministerios de Fomento, Economía y Hacienda contemplan una serie de beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, como son el tipo reducido del 2% para plusvalías reinvertidas en la construcción de pisos de alquiler y el aumento del coeficiente de amortización de las viviendas en un 50%.
Como contraprestación, las viviendas deberán tener una superficie máxima de 90 metros cuadrados, o de 120 metros cuadrados en el caso de familias numerosas, y su precio máximo deberá equivaler al salario mínimo interprofesional (SMI) -que actualmente asciende a 6.190 euros anuales- con el fin de poder referenciarlo a una magnitud que se revisa automáticamente todos los años.
De forma opcional, la propuesta del Ejecutivo establece que el precio de alquiler permanezca congelado durante los cinco primeros años de permanencia del inquilino en el piso, para después sólo poder actualizarlo según la evolución del Indice de Precios al Consumo (IPC).
Además, el propietario de la vivienda deberá prorrogar forzosamente el contrato de alquiler durante un plazo de cinco años, si el arrendatario así lo desea.
En cuanto a los requisitos que deberían cumplir las empresas que optaran por beneficiarse del plan, el Gobierno fijaba el contar con al menos un parque de 10 viviendas en renta, si bien éstas podían ser adquiridas en vez de promovidas por la propia compañía.