La asociación británica 'Abusos Urbanísticos, No', contra la ley urbanística valenciana

La queja no es nueva. En los últimos años cientos de españoles y de extranjeros dicen haberse sentido expoliados por los llamados agentes urbanizadores, promotoras que actúan al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y que se dedican a urbanizar terrenos a costa de los propietarios de los mismos.

Así, quien tiene un chalé desde hace 30 años se puede encontrar con que tiene que pagar muchos miles de euros porque una promotora ha decidido urbanizar la zona y ha presentado un proyecto al ayuntamiento. La idea del agente urbanizador permite que se urbanice sin coste para los consistorios, pero su aplicación está dando lugar a abusos, como ha reconocido la propia Generalitat Valenciana. Esto es así porque la actuación de las promotoras -incluido el precio que cobran a los propietarios- debe ser controlado por los ayuntamientos, pero muchos aprueban cualquier propuesta con tal de ingresar las tasas correspondientes.

El presidente de Abusos Urbanísticos, No, Charles Svoboda, asegura que el número de asociados supera el millar. Más de 600 afectados se reunieron el pasado mes de noviembre en Jávea (Alicante) con el embajador del Reino Unido en España, Peter Torry, quien envió una carta al Gobierno valenciano -la respuesta está disponible en la web de la asociación (abusos-no.org)- e informó a otros embajadores de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, que también han escrito a la Generalitat. Los afectados están inundando de cartas a los miembros del Parlamento Europeo y han conseguido espacios en todas las televisiones del Reino Unido.

Los británicos han logrado la adhesión de una decena de pequeñas asociaciones de afectados españoles y de organizaciones ecologistas, con las que el 22 de febrero celebrarán una asamblea en Valencia. El objetivo es cambiar la LRAU -ley socialista de 1994, que el PP hizo suya- antes de las elecciones de mayo, algo muy improbable dado lo apretado del calendario de las Cortes. La Generalitat les recibirá mañana, pero en su carta al embajador ya les sugiere acudir a los tribunales. Algunos afectados lo hicieron en 1997 y aún esperan sentencia.