Dependientes y mayores

De los tres millones y medio de personas dependientes en toda España, casi un tercio tiene más de 75 años. Aunque también hay jóvenes dependientes por su incapacidad física o psíquica, en las grandes ciudades, como Madrid, los problemas de este colectivo se agudizan. En las pequeñas poblaciones, los afectados tienen menos obstáculos para valerse por sí mismos.

En cualquier caso, la atención a las personas dependientes requiere la actuación de los poderes públicos. Una Ley de Dependencia, actualmente en proceso de elaboración, establecerá los criterios básicos de ayuda a los dependientes, que se dividirán en tres categorías: dependencia moderada, dependencia severa, y gran dependencia. Según estos grados, la ayuda se prestará en el domicilio de la persona afectada, en centros de día o de noche, o en residencias especializadas, respectivamente.

Dado el elevado coste de estas prestaciones, se pretende que los afectados realicen también aportaciones para financiar estos servicios en todo o en parte. El problema estriba en definir la cuantía de la aportación, bien con un porcentaje de su jubilación, o con una parte de sus bienes. Será difícil evitar que se produzcan injusticias o picarescas. La ayuda estatal, que mucho nos tememos será en la mayoría de los casos insuficiente, podrá completarse con fondos de las administraciones autonómicas y locales. Habrá casos en que bastará una ayuda complementaria para que la atención al dependiente se cubra en su totalidad. En otros, la contribución pública será imprescindible.

El aumento de la esperanza de vida y de la población mayor, y los avances en el tratamiento de las discapacidades, obligan a incrementar los proyectos de atención a los dependientes de forma constante y progresiva. En este, como en otros aspectos de la convivencia ciudadana y de atención a los necesitados, la labor del voluntariado cobrará un mayor protagonismo.