La guerra de las TDTs

La televisión analógica que emite desde Coslada, por el canal 38 UHF, para transmitirle, casi con lágrimas en los ojos algunos, que se veían abocados al paro tras la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de no adjudicar a ninguna de las pequeñas emisoras locales, que llevan años transmitiendo en analógico, alguna de las 34 licencias que concedió mediante concurso en el mes de agosto para emitir en digital. "Telecorredor" lleva emitiendo desde el año 1998.

Tal fue la impresión que se llevó el secretario general del PSM que nada más volver a su despacho en la Asamblea de Madrid, llamó al diputado Andrés Rojo para decirle que si el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, no accedía a anular las adjudicaciones habría que pedir su dimisión para defender los derechos de esas decenas de personas, en su mayoría jóvenes, que "ven desmoronarse su forma de vida", en palabras del secretario general socialista.

El comienzo de las emisiones digitales tendrá como consecuencia el cierre de las emisoras locales analógicas madrileñas, donde trabajan más de 300 personas. Las más antiguas, TeleK y Canal 33, han organizado actos de protesta contra Esperanza Aguirre por considerar que el Gobierno regional está presionando con amenazas de multa a las comunidades de vecinos donde tienen instaladas sus antenas para que no puedan emitir.

El PSM ha pedido que Ignacio González explique en el Pleno de la Asamblea que se celebra hoy, 13 de octubre, la resolución del concurso de las 34 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT), por el que se adjudicaron 10 de las 34 licencias a un solo empresario, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, cinco a la Iglesia Católica, cinco a Libertad Digital, dos a Kiss FM, dos a “Canal 7”, etc, todos ellos vinculados, según el PSOE e IU, ideológicamente al PP. Ninguno de los alcaldes madrileños, en cuyos municipios hay televisiones locales, fue consultado, lo que ha motivado que el Ayuntamiento de Rivas haya aprobado en pleno interponer un recurso contencioso administrativo pidiendo su anulación, y que el alcalde de Coslada, Raúl López (PP), criticara también la forma en que se ha hecho la adjudicación.
Andrés Rojo, mano derecha de Rafael Simancas, será el encargado de exponer al vicepresidente primero del Gobierno los argumentos que, según su criterio, hacen que el concurso sea anulado: no se ha tenido en cuenta el pluralismo informativo; se ha preferido a las empresas que no tienen ninguna experiencia en la información local y regional frente a las emisoras que llevan años emitiendo; se ha aumentado de cinco a diez años la concesión, lo que por sí solo hubiera obligado a convocar nuevo concurso; se ha adjudicado a una sola empresa, Enrique Cerezo, diez canales.