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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por no adaptar correctamente su ordenamiento jurídico a las directivas europeas, que se fijaron en el año 1993, sobre los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro y obras. La normativa española recoge estos procedimientos en el artículo 1 del Texto Refundido, donde se incluye a todas las administraciones públicas territoriales, tanto estatales como autonómicas y locales.