La guerra por las VPO

A estas 30.000 casas hay que sumar otras 50.000 VPO distribuidas en desarrollos de gestión privada en distintos municipios de la región, como Tres Cantos, Alcalá de Henares, Torrejón, Paracuellos, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Navalcarnero, Arroyomolinos, e incluso en los PAUs de Madrid, donde los promotores han dejado para el final la construcción de las viviendas protegidas, esperando una subida de los módulos oficiales.
“Durante los últimos cinco años, los promotores privados y las grandes constructoras apostaron por la vivienda libre porque el mercado estaba ‘caliente’ y la gente que quería invertir prefería comprar pisos en lugar de hacerlo en la Bolsa -afirma un gestor de cooperativas-, pero ahora que han comenzado a enfriarse las subidas de precios de la vivienda, han vuelto a interesarse por las VPO, que hasta ahora eran monopolio de las cooperativas”, afirma.

Según los cooperativistas, la dos subidas de los módulos decretadas por Esperanza Aguirre en 2005 han sido consecuencia de las presiones de los promotores privados y las constructoras, que quieren sacar al mercado los suelos reservados en los PAUs para vivienda protegida a unos precios más altos que los establecidos. Una vivienda nueva libre de 90 metros cuadrados se vende en Madrid a una media de 300.000 euros, mientras que una protegida no rebasa los 150.000 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha subido, de hecho, en dos ocasiones los precios de las viviendas protegidas desde el mes de marzo de 2004: la primera, el 16 marzo de 2004, para adecuarlos a las subidas permitidas por el Gobierno central; la segunda, el 8 de noviembre, para modificar las categorías de los municipios, lo que supuso que en algunos de ellos los módulos subieran, entre uno y otro decreto, hasta un 25%.

Con estas subidas, el Gobierno madrileño ha intentado “animar” a los promotores privados a entrar en la construcción de vivienda protegida, que se negaban a hacer porque –decían- no les salía rentable. Los promotores privados acusan también a las gestoras de cooperativas de cobrar entre 30.000 y 60.000 euros por encima de los precios oficiales, bien en metálico, bien con otras fórmulas diversas. Les achacan también el manejar el dinero adelantado por los cooperativistas, entre 15.000 y 30.000 euros, cuando en muchos casos no tienen ni siquiera el suelo comprado.

Los cooperativistas acusan a su vez a los promotores de “acumular” el suelo destinado para VPO y sacarlo cuando les interesa, y después de conseguir que suban los precios. “No tiene ninguna explicación que se les permita subir el precio de las VPO en un suelo que se compró hace diez años a unos precios mucho más bajos”, dicen las cooperativas.

El ministro de Defensa, José Bono, que ha cedido los cuarteles de Campamento en Madrid, y la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, han dado el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo inmobiliario en la región madrileña y, con ello, en toda España. Un ciclo, bendecido también por un Alberto Ruiz-Gallardón que juega siempre en orsay en su partido, en el que volverá a primar, como en los primeros gobiernos de Felipe González, la construcción de vivienda protegida, un negocio en el que promotores libres y gestores de cooperativas se juegan mucho. Quienes pueden pagar los platos rotos son los pequeños y medianos promotores que han comprado suelo a precios astronómicos y que tienen todavía sus viviendas libres por vender. Y eso que todavía no han salido los 22 pisos que se quieren hacer en la prolongación de la Castellana, también en la capital de España, y que dependen del visto bueno de Fomento.