El búho/ Lope de Aguirre
La lucha por el poder
Las tensiones internas por el control del grupo Progea, la gestora más importante de vivienda protegida de España -ligada al PC e IU y a un modelo de empresa social sin ánimo de lucro- han terminado en los tribunales. La denuncia interpuesta por Carlos Luján, hasta ahora máximo dirigente del grupo, con sede en Zaragoza, ha llevado a cinco de sus responsables a declarar como imputados en un presunto delito societario. El último en declarar en el Juzgado número 3 de Zaragoza ha sido el notario José Enrique Cortés. Antes habían sido citados Miguel Angel Loriente, actual presidente de los consejos de administración de distintas sociedades del grupo; el abogado Pedro Olloqui, actual representante de IU en el consejo social de la Universidad de Zaragoza y en el consejo de administración de la televisión autonómica; el abogado de Barcelona Francisco Pasarín Rúa, y el excandidato de IU en Madrid Francisco Herrera.
La crisis se remonta a meses atrás, tras la constitución, en diciembre de 2003, de una fundación sin ánimo de lucro como propietaria de todo el grupo empresarial, ligado a la construcción inmobiliaria de VPO en régimen de cooperativa en todo el territorio nacional, que reinvierte todos los beneficios en la gestora.
De esta reestructuración, Luján es sustituido por Loriente como presidente de los consejos de administración de las empresas del grupo. Aunque permanece en la fundación como presidente vitalicio, se queda sin representatividad y pierde el poder y el patrimonio social que hasta entonces ostentaba, y que le daba capacidad para firmar y tomar decisiones.
Así, mientras el denunciante ve en ello una maniobra para desbancarle, la otra parte declara que la pretensión únicamente era romper la concentración y separar la propiedad del grupo (la fundación) con su gestión, a través de un consejo de administración a cuyo frente se coloca ahora Loriente, para dotar de más transparencia a todo este entramado empresarial.
La denuncia presentada por Luján solicitaba la intervención de la empresa, a lo que el juez no ha accedido, aunque sí ha abierto diligencias previas. Queda por saber si habrá juicio.
Si (
No(