Los municipios exprimen al máximo los tributos ligados a la vivienda

Los municipios han encontrado en el boom inmobiliario la gallina de los huevos de oro con la que hacer frente a sus crecientes necesidades financieras y los tres tributos locales ligados a la vivienda (el de construcciones, la plusvalía sobre terrenos y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o IBI) representan ya más del 60% de los ingresos municipales impositivos.

En estos tributos, el esfuerzo fiscal relativo (entendido como el real que soporta cada contribuyente sobre el máximo permitido por la ley de haciendas locales) ha superado ya claramente el 80% de media en el conjunto del país, según el informe que ha elaborado el Ayuntamiento de Madrid para este año y en el que se recogen datos del resto de España. Y no hay sensibles diferencias teniendo en cuenta el color del partido político que gobierna en cada consistorio. Todos han ido al alza este año. Unos más que otros.

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), se lleva la palma con un esfuerzo fiscal medio del contribuyente del 87,04%. Y en 28 de las 52 capitales de provincia se supera el 90%. En el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (grava la plusvalía en la compraventa de inmuebles) el esfuerzo ha alcanzado en 2004 el 85,25%. Llama la atención cómo estos dos tributos que, en principio, no son obligatorios (los ayuntamientos pueden optar por implantarlos o no) se han configurado como una pieza esencial en el entramado impositivo municipal. Tanto es así que por ambos se recauda cerca del 20% (alrededor de 1.800 millones de euros al año) de los ingresos tributarios municipales.

El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la llamada contribución urbana, está siendo exprimido de igual forma, con subidas constantes. Con todo, el esfuerzo fiscal global en el IBI es algo menor (65,47%) que en los otros dos tributos ligados a la vivienda. Pero se trata, tan sólo, de un efecto estadístico debido a que el aumento del valor catastral, fruto del 'boom inmobiliario', hace aumentar el tope máximo de recaudación permitido por la ley, en términos absolutos. De esta forma, los municipios acaban recaudando más por el IBI sin que la presión fiscal relativa del impuesto se eleve en demasía. Pero lo que sí se eleva es lo que cada ciudadano tiene que pagar.