La lenta justicia

Que en la Audiencia Provincial de Madrid se esté celebrando un juicio sobre el llamado “caso Promocisa” después de casi treinta años de suceder los hechos es algo tan esperpéntico como increíble. La constructora Promocisa quebró entonces, y 3.000 familias se quedaron sin piso, y perdieron el dinero que habían dado a cuenta. Formaron una cooperativa, que construyó los pisos a un precio mucho más elevado, y recuperaron sólo una parte del dinero.

Ahora, treinta años después, una parte de los acusadores, y también de los acusados, ha fallecido; otros, dada su edad avanzada, tienen lagunas de memoria sobre lo que sucedió. Recuerdan que quisieron adquirir unos pisos en el municipio de Collado Villalba, que dieron un dinero, y que la empresa promotora destinó este dinero a tapar agujeros o a invertir en otras promociones, con lo que acabó quebrando. Ahora piden que se les haga justicia, que se les indemnice. No sabemos en qué acabará todo. De las 3.000 familias sólo unos centenares llegan a este juicio. Demasiado tarde.

La Administración de Justicia es uno de los pilares de la convivencia democrática. Sin una justicia en condiciones, el edificio social se resquebraja. La falta de medios, humanos y materiales prolonga la instrucción de los sumarios y la celebración de los juicios hasta límites indeseables. Nos preocupamos, lógicamente, por aspectos fundamentales en la vida ciudadana: la enseñanza, la sanidad, la vivienda, el transporte. Nos preocupamos igualmente por la inseguridad, pero quizá no nos damos cuenta de que todo: enseñanza, sanidad, vivienda, transporte y, especialmente, la seguridad, debe estar amparado por el manto de la justicia. Y la justicia es, a veces, lenta, demasiado lenta.

Lo de Promocisa es un ejemplo excepcional, pero ejemplo, al fin y al cabo.