el búho/ Lope de Aguirre
La alcaldesa de Quijorna
Mercedes García Rodríguez no es una alcaldesa cualquiera. Ganó las elecciones de mayo de 2003 al frente de la lista del PP, venció al temible Grupo Independiente, y se instaló en el Ayuntamiento de Quijorna con muchas ganas. El momento era delicado, porque tras el agotamiento del suelo en los municipios más cercanos a Madrid, como Majadahonda, Pozuelo, Boadilla y Villanueva de la Cañada, todas las miradas inmobiliarias se dirigen hacia estos pueblos situados en lugares privilegiados y todavía en estado urbanístico puro.
La alcaldesa estaba obsesionada por poner orden en el urbanismo, y para empezar nada mejor que demostrar que iba a mandar de verdad. Y para eso escogió el camino más difícil: obligar a una gran inmobiliaria, con grandes intereses en la zona oeste de la Comunidad, como es Alcala 120 (perteneciente al grupo Caixa Catalunya), a renegociar un convenio firmado con el anterior Gobierno local, que Mercedes García consideraba lesivo para el pueblo.
Alcala 120 urbanizó y construyó el SAU Dehesa Boyal y llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, en el año 2002, para sustituir el aprovechamiento que tenía que darle al municipio: ocho viviendas, por una cantidad económica que se cifró entonces en 270.455 euros, frente a la valoración de los técnicos, que consideraban que debería haber pagado 454.000 euros.
Cuando la alcaldesa tomó posesión de su cargo, ni corta ni perezosa, se puso en contacto con Alcalá 120 para resolver el problema. Como la empresa de Antonio Serra Ramoneda (presidente de Caixa Catalunya) no entraba en razones, el Ayuntamiento empezó a apretarle las clavijas en todo lo que podía, y llegó incluso a hacer una declaración de lesividad realizada en el Pleno del 2 de marzo. Pocas semanas después, la inmobiliaria aceptaba negociar y dos de sus directivos, Javier Albadalejo Asenjo y Fernando López de los Ríos, firmaban un nuevo convenio mediante el cual Alcalá 120 se comprometía a entregar al Consistorio un total de 280.582,45 euros, a los efectos de solventar las diferencias surgidas con motivo del inicio del expediente de lesividad.
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