La desalación, un doble negocio para las grandes constructoras españolas

Carlos Hopo.

Madrid

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no va a tener problemas con las grandes constructoras cuando, a principios de junio, apruebe un decreto ley que derogue el trasvase del Ebro y promueva cien nuevas medidas que incluyen la desalación, mejora de infraestructuras, reutilización y prevención de inundaciones.

La razón es que todas estas empresas cuentan con filiales especializadas en la gestión de agua y, además, todas ellas optarán a la construcción de desaladoras a lo largo del arco mediterráneo, por lo que habrá una doble posibilidad de negocio para ellas.

20 desaladoras.- Haciendo cálculos, la planta desaladora de Carboneras, en Almería, la más grande de España, con 120.000 metros cúbicos de agua desalados al día y 43 hectómetros anuales, ha supuesto una inversión de 186 millones de euros. En principio se calculaba que hacían falta 35 desaladoras de este tamaño para producir la misma cantidad de agua que iba a transportar el trasvase del Ebro.

Si bien es verdad que las nuevas medidas prevén la construcción de 20 desaladoras, y no precisamente de este gran tamaño, también es cierto que, dentro de las inversiones previstas para la mejora de la gestión y la calidad del agua, existen también partidas destinadas a obras de infraestructuras de transporte de agua.

Este es el caso de la construcción de una conducción de agua en Almería, entre el túnel de El Salvador y camino del Cerro Minado, adjudicada a ACS por 11,80 millones como parte del trasvase, que no será paralizada y formará parte de las nuevas medidas.

Igualmente, la compañía murciana Intersa, que se había adjudicado las obras de ampliación de un canal en Murcia, por 4,30 millones, podrá continuar sus trabajos.

Así, de los 3.747 millones que Medio Ambiente tiene pensado invertir, 2.575 se destinarán a medidas de mejora de la gestión. Pero, de los cuatro contratos del trasvase adjudicados por el anterior Gobierno del PP, hay dos que no tienen cabida en los nuevos planes hidrológicos del PSOE. Uno de ellos es la construcción del túnel de Fuente La Higuera, entre los límites de las provincias de Valencia y Alicante, que fue adjudicado a ACS por 67,44 millones. El otro lo consiguió la UTE integrada por las compañías valencianas Romymar y Torres Cámara y Cía. de Obras, que consistía en la construcción de un tramo de conducción del río Cervol, en Castellón, por un importe de 10,60 millones.

Ambas empresas serán indemnizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque este departamento aún no ha desvelado el importe que recibirá cada una.

Filiales de agua.- Pero es probable que ACS esté pensando más en las nuevas adjudicaciones que en la indemnización, ya que la ministra quiere convocar a las empresas interesadas en las tecnologías de desalación y energías renovables para confeccionar su plan de desalación “ecológica”, es decir, incorporando las renovables para reducir las altísimas emisiones contaminantes que genera la desalación.

Allí estarán empresas como Inima, Cadagua, Sadyt y Agualia, o lo que es lo mismo, las divisiones de gestión de agua de OHL, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso y FCC, a las que hay que sumar las filiales de ACS y algunas constructoras extranjeras, como la alemana RWE y la francesa Ondeo Dregrémont.

Según Narbona, de los 1.058 hectómetros anuales que pretende aportar el nuevo plan, 621 se obtendrán de la desalación. Por lo pronto, el secretario general de Biodiversidad, Antonio Serrano, ha confirmado el compromiso del Ministerio de construir en Murcia ocho desaladoras en cuatro años, dos de ellas de 50 hectómetros al año.