El Gobierno indemnizará a ACS por el parón del trasvase del Ebro

El parón de las obras del trasvase del Ebro decidido por el nuevo Gobierno socialista tendrá como contrapartida una compensación para las constructoras que resultaron adjudicatarias de los primeros tramos de esta gran obra hidráulica.

En los últimos meses de la pasada legislatura, el PP adjudicó cuatro tramos del trasvase, la obra estrella del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Gobierno anterior. La nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, mantendrá las obras de dos de ellos y rescindirá los contratos de los otros dos.

El director general de Aguas, Juan López Martos, dependiente de este Ministerio, ha explicado que “a principios de este año se adjudicaron cuatro contratos del trasvase del Ebro. Dos de ellos se van a rescindir porque no tienen utilidad y dos se van a mantener, porque son válidos para las nuevas obras que tenemos previstas”.

Por una parte, el Ministerio de Medio Ambiente indemnizará a Dragados Obras y Proyectos, hoy integrada en ACS, que resultó adjudicataria en febrero de un proyecto valorado en 67,44 millones de euros, la mayor de las obras contratadas. La adjudicación consistía en la construcción del túnel de Fuente La Higuera, entre los límites de las provincias de Valencia y Alicante.

Además, la unión temporal de empresas (UTE) integrada por las compañías valencianas Romymar y Torres Cámara y Cía. de Obras también será compensada. La UTE se había adjudicado en febrero la construcción de un tramo de conducción del río Cervol, en Castellón, por un importe de 10,6 millones de euros y con un plazo previsto de dos años.

El Ministerio no ha desvelado el importe de las indemnizaciones, que dependerá de las cláusulas previstas en los contratos con ACS y con la UTE Romymar-Torres Cámara. No obstante, López Martos aclara que “dado que casi no se habían iniciado las obras, la indemnización no va a ser muy elevada”.

Por otra parte, ACS podrá mantener otro de los contratos del trasvase, que se había adjudicado a finales de enero. Se trata de la construcción de una conducción de agua en Almería, entre el Túnel de El Saltador y Camino del Cerro Minado, por un importe de 11,8 millones de euros y con un plazo de diez meses.

Además, la compañía murciana Intersa, adjudicataria del otro proyecto que el PSOE quiere mantener, proseguirá las obras de ampliación de un canal en Murcia, que tienen un presupuesto de 4,3 millones de euros.

El Ejecutivo aprobará en las próximas semanas un decreto ley que derogará los artículos de la Ley del PHN referidos al trasvase del Ebro y que incluirá nuevas actuaciones hidráulicas para llevar 1.058 hectómetros cúbicos de agua a la región de la España seca, con una inversión prevista de 3.747 millones de euros.

Cristina Narbona tiene previsto convocar a una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente a las empresas interesadas en las tecnologías de desalación y energías renovables. La ministra pretende que el uso de fuentes limpias haga más eficiente la desalación, que exige un elevado consumo energético para separar la sal del agua, lo que a su vez genera emisiones contaminantes. Narbona pretende evitar así que la desalación de agua vaya en detrimento del cumplimiento del Protocolo de Kioto, el acuerdo internacional que fija límites a las emisiones de gases de efecto invernadero. En España, la mayoría de las grandes constructoras tienen divisiones especializadas en gestión de agua. Entre ellas figuran Inima, filial de OHL, que factura casi ochenta millones de euros, y Cadagua, integrada en Ferrovial, que alcanza un volumen de negocio de 90 millones de euros. Sadyt, la división de aguas del grupo Sacyr Vallehermoso, también participa en esta actividad. Actualmente, posee 42 desaladoras con 260.840 metros cúbicos de agua contratada, una parte de los cuales están centrados en usos agrícolas en Murcia y Almería. Además, FCC está presente en el negocio del agua a través de Aqualia. ACS también tiene divisiones especializadas en gestión del ciclo integral del agua. En la actividad de desalación también operan Pridesa, perteneciente al grupo alemán RWE, y Degrémont, de la constructora francesa Ondeo Degrémont.