Fomento dice que autonomías y ayuntamientos son responsables de evitar la especulación del suelo

Así consta en una respuesta parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el colectivo de Funcionarios Públicos, a través de su Secretaría General, solicita al Parlamento la toma en consideración de medidas para paliar los problemas de la vivienda en España.

El problema del acceso a la vivienda, y en concreto de la especulación del suelo, ha servido de bandera al PSOE para criticar al Gobierno, al que recrimina el incipiente encarecimiento de la vivienda motivada por la especulación del suelo, y el consiguiente sobreendeudamiento de las familias.

En diversas ocasiones, el Gobierno ha recordado que las competencias en materia urbanística, para evitar la retención especulativa de suelo, corresponde a las CC.AA. y ayuntamientos, lo que reitera una vez más en este iniciativa parlamentaria.

No obstante, el propio secretario general del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió hace un par de semanas a "cambiar la gestión que se está haciendo" en la actualidad en la "Administración del Estado" para lograr "una gestión ejemplar en agilidad y transparencia".

En el mismo foro dedicado a infraestructuras y las políticas de vivienda, Rajoy apuntaba que las competencias de suelo dependen de CC.AA. y ayuntamientos, principalmente, si bien admitió la necesidad de promover un diálogo entre todas las administraciones, incluidas las gobernadas por el PSOE, para así favorecer el acceso a la vivienda.

En el mismo orden de cosas, Fomento recuerda, en la iniciativa parlamentaria, que en el acuerdo sobre el suelo, logrado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo celebrado entre diciembre de 2002 y enero de 2003, ya planteó una "amplia serie de medidas para enfrentarse al problema del suelo", y puntualiza que "buena parte" de estas "corresponde adoptar a las comunidades autónomas".

Sobre esta cuestión, el Ejecutivo recalca que ha "cumplido la totalidad de los compromisos" asumidos en dicho acuerdo, mientras que las autonomías que lo suscribieron (todas salvo Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y el País Vasco) van introduciendo en sus legislaturas las medidas acordadas.

Del mismo modo, Fomento puntualiza en la misma iniciativa parlamentaria que la regulación legal de los patrimonios municipales de suelo corresponde también a las autonomías, y especifica que este patrimonio es el que puede contribuir "fundamentalmente" a la regulación del mercado del suelo y a la construcción de viviendas de protección pública.

Estos datos se conocen después de trascender denuncias contra el fraude que afecta al parque de viviendas de protección oficial (VPO).

En concreto, asociaciones de consumidores están detectando prácticas fraudulentas al exigirse sobreprecios a los compradores de VPO.

Incluso, ayer mismo el vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pedía más transparencia y mejores "controles" en la concesión de VPO.

El Departamento de Alvarez Cascos apunta asimismo que el citado acuerdo en torno al suelo incluyó también medidas relativas a los patrimonios públicos, del Estado y las CC.AA., tendentes a la sustitución, como procedimiento normal de enajenación, de la subasta por el concurso público con precio fijo. En el mismo, agrega, se establecía preferencia en la adjudicación a las ofertas que incluyan el compromiso de construcción de un mayor número de viviendas acogidas a protección pública y de venta de las viviendas libres a un menor precio.