Adoptadas las nuevas normas europeas para la adjudicación de contratos públicos

Por ello, la política europea tiene por objeto en este área contribuir a que las instituciones y empresas públicas presten al ciudadano europeo servicios de mayor calidad a un coste menor, beneficiando al sector de la contratación pública de las ventajas del mercado único. En la actualidad, la mayoría de las contrataciones continúan efectuándose con empresas del Estado miembro adjudicatario.

Según estudios recientes presentados por la Comisión, aplicar las normas europeas de licitaciones puede reducir los costes de los contratos públicos en un 34 por ciento, al suponer en la práctica un incremento de la competencia.

Tras la aprobación del Parlamento, la dispersada legislación actual quedará así recogida en dos textos que amplían el ámbito de la aplicación de la legislación comunitaria respecto a la situación actual, que simplifican los trámites y aumentan la seguridad jurídica, pues el texto es claro y preciso sobre los procedimientos y criterios de adjudicación. No se trata de reemplazar la legislación nacional, sino de garantizar los principios de igualdad de trato, no-discriminación y transparencia en la adjudicación de los contratos públicos.

La legislación tiene igualmente en cuenta las nuevas tecnologías, por ejemplo, las nuevas técnicas electrónicas de compra, en el sentido de que se fomenta el uso de la firma electrónica avanzada y se precisan los casos en que podrá procederse a subastas en línea. El texto recoge el compromiso alcanzado entre Consejo y Parlamento para tener en cuenta otros aspectos, como el medio ambiente, y no sólo el precio en la selección. Los importes del contrato a partir del cual la licitación debía someterse a las exigencias europeas son: para contratos públicos de obras, 6.242.000 euros; para otros contratos adjudicados por el gobierno central 162.000 euros y para contratos adjudicados por otras autoridades públicas y las autoridades centrales de defensa 249.000 euros.

El Parlamento promovió el incremento del importe entre un 20 a 25 por ciento para no afecta los costes administrativos y de publicidad de las autoridades regionales para ofertas de contratos de pequeño volumen. El objetivo es que operadores de otros Estados miembros puedan optar en condiciones equivalentes, por lo que incluye disposiciones mínimas sobre la información y publicidad de los contratos que ofrezcan las autoridades públicas, que también deben notificarse a la Comisión Europea.

Según la nueva normativa, los criterios de selección serán claros y no discriminatorios y las decisiones serán transparentes. Incluye disposiciones sobre la actuación de jurados en casos de concursos de proyectos, sobre la habilitación para ejercer la actividad profesional y la posibilidad de demostrar en su caso la inscripción en un registro, sobre plazos mínimos de presentación de ofertas. Las directivas serán de aplicación a principios de 2006 (21 meses después de la publicación en el Diario Oficial). Para los contratos de servicios postales, el plazo puede alargarse si los Estados miembros lo consideran necesario.