La guerra urbanística del 26-O

Los ayuntamientos de Getafe, Pinto y Valdemoro, los dos primeros gobernados por PSOE-IU y el tercero por el PP, han decidido ya formar comisiones de investigación para eliminar cualquier sospecha sobre la actuación de sus respectivos alcaldes: Pedro Castro, Antonio Fernández y Francisco Granados (que también figura en la lista de Esperanza Aguirre). Otro ex alcalde, José Quintana, diputado nacional que va en el número trece de la candidatura de Rafael Simancas, ha anunciado una querella contra una revista que le involucraba en manejos relacionados con su anterior cargo en Fuenlabrada. El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, fue llamado a declarar en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid por los desarrollos urbanísticos que realizó en el municipio durante su mandato.
Los ex concejales del PSOE de Getafe, Jesús Neira y José Luis Rivas, han mostrado su postura a favor de comparecer ante la Comisión de Investigación para aclarar las acusaciones periodísticas que les vinculaban a posibles favores en algunas actuaciones urbanísticas. Además, la Consejería de Obras Públicas de Madrid ha decidido publicar la aprobación del PGOU de Getafe, tras recibir los últimos informes del Ayuntamiento, lo que permitirá “liberar” 800 hectáreas para la construcción de 10.000 viviendas. Se trata del único PGOU que ha aprobado el Gobierno provisional de Gallardón.
Antonio Fernández, alcalde de Pinto, propuso al Pleno municipal, que lo aprobó por unanimidad, una comisión para que se investigue si amenazó al anterior portavoz popular, Luis Miguel Llamas, o, por el contrario, “demostrar que este señor miente una vez más”. La comisión estará presidida por el portavoz de “Juntos Por Pinto”.
Ya se ha constituido la Comisión de Investigación que solicitaba el PSOE en Valdemoro para averiguar si hubo o no trato de favor en la venta de un solar municipal de 1.200 metros cuadrados en Los Silos, y que, según la denuncia, fue comprado por una empresa relacionada con el presidente del PP de Pinto, Luis Miguel Llamas. La comisión está presidida por el concejal de Los Verdes, Jesús Gómez. El alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, que figura en lugar destacado de la candidatura de Esperanza Aguirre, quiere que la comisión haga pública sus conclusiones antes de las elecciones del 26-O.
Mientras, el PSOE, ayudado en algunos aspectos por Izquierda Unida, insiste en su estrategia de acoso y derribo de la candidatura del PP, centrando muchas de sus acusaciones en la propia candidata, Aguirre, los populares han lanzado su ofensiva hacia los ayuntamientos socialistas, fundamentalmente los del sur de Madrid.
Las últimas andanadas del Partido Socialista, tras las acusaciones vertidas contra Alberto López Viejo y el alcalde de Valdemoro, Francisco Granados (números seis y siete de la lista de Aguirre, respectivamente) en la precampaña, se centran ahora en la propia candidata popular. Además de las críticas hacia Aguirre por no dar a conocer su patrimonio, la diputada socialista, Ruth Porta ha evidenciado posibles irregularidades en una empresa de la cabeza de lista del PP, que no habría presentado las cuentas de esta entidad.
Izquierda Unida también ha volcado sus críticas hacia la candidata del Partido Popular, a quien acusan de cobrar tres sueldos: una pensión como ex presidenta de la Cámara Alta (entre 10.000 y 11.000 euros), un sueldo mínimo como senadora (600 euros) y otro como portavoz y parlamentaria de la Asamblea de Madrid (2.500 euros). El líder de IU, Gaspar Llamazares, ha anunciado que solicitará un informe jurídico sobre la compatibilidad o no de estas retribuciones, cuya validez sostienen desde el PP.