Los primos han buscado personas de confianza para el consejo de ACS
Los Albertos se aferran al Constitucional con pocas esperanzas de eludir la cárcel
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
El Consejo de Ministros ha rechazado la medida de gracia solicitada por Alberto Cortina y Alberto Alcocer. A la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, los Albertos intentan cerrar sus negocios. Tras aumentar su participación en ACS y encontrar sustitutos de confianza para sus sillones del consejo de administración de la constructora, su máxima preocupación ahora es, si tienen que entran en prisión, cuánto tiempo permanecerán allí.
Luis M. Lianes
Madrid
Los Albertos, tan aficionados a la caza, han agotado sus últimos cartuchos para evitar su ingreso en prisión. Ya no les quedan balas en la recámara, y sólo mantienen viva la llama de la esperanza para que el Tribunal Constitucional sea permeable a presiones y melazas y no se pronuncie desde un punto de vista puramente jurisdiccional. No sería la primera vez que eso ocurre; que el Alto Tribunal se muestra permeable a otros argumentos y los hace suyos atendiendo a razones más allá de lo estrictamente jurídico y aún contradiciendo las argumentaciones del Tribunal Supremo.
Ocurrió así con la sentencia que puso en libertad a la Mesa Nacional de la entonces Herri Batasuna, cuando el Constitucional sacó a todos sus miembros de la cárcel, en un gesto que se entendió como un cambalache al pronunciamiento de la tregua de ETA y en la fe de que aquel alto el fuego no tenía trampa.
A los Albertos les queda sólo esa esperanza, que sean atendidos sus respectivos recursos de amparo que, por otra parte, fueron admitidos a trámite en todos sus puntos el pasado día 16 de julio, al poco de conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Hasta que ese pronunciamiento no llegue, Cortina y Alcocer no tendrán que ingresar en prisión.
La pregunta más recurrente ahora en ámbitos empresariales y políticos es ¿cuándo se pronunciará el Constitucional? Fuentes de ese tribunal admiten que “no habrá pronunciamiento antes de seis meses; estamos desbordados y las cosas llevan un orden, no hay preferencias de unos asuntos sobre otros”, dicen.
Argumentos políticos.- En todo caso, la decisión que tome se conocerá después de las elecciones generales de marzo, y eso tiene una importancia que, en todo caso, no es menor. La tiene porque el Gobierno ha sido especialmente rápido en su decisión de no conceder el indulto a los primos. No se recordaba tanta rapidez desde que concedieron el indulto a Barrionuevo y Vera. Una premura que se ha entendido también en términos políticos y electorales, a las puertas de las elecciones a la Comunidad de Madrid.
La interpretación es que el Ejecutivo de Aznar ha querido romper los argumentos electorales del PSOE, que basa su campaña en la confabulación de especuladores para propiciar una mayoría del PP y, como ellos dicen, “arrebatarnos la victoria”. Por eso llama la atención el aplauso unánime y obligado de toda la oposición a la decisión del Consejo de Ministros de hacer suyo el informe no vinculante del Tribunal Supremo que, a su vez, hizo enteramente suyo el del fiscal, y, por tanto, denegar una medida de gracia que acorta el horizonte penal de los Albertos hasta hacer de la línea del horizonte el umbral en el que los primos ya tienen un pie.
La otra pregunta de estos días es ¿cómo Aznar ha sido capaz de dejar a los Albertos a los pies de los caballos? Esa pregunta, en tono de lamento, se repetía en los preámbulos y en los tiempos muertos de las juntas de accionistas de ACS y Dragados, celebradas a principios de semana. El espíritu de los Albertos pululó por los pasillos de la reunión de accionistas y por la mesa presidencial, que ha sabido capear el delicado trance y salir sin mácula, a pesar de que tiene a unos segundos máximos accionistas condenados a tres años y cuatro meses de cárcel cada uno, por los delitos de estafa y falsedad documental.
El portavoz del Ejecutivo, Eduardo Zaplana, y el vicepresidente Rato argumentan que el Gobierno no mete ni saca a nadie de la cárcel; que se limita a cumplir un trámite que consiste en escuchar el informe del Ministerio de Justicia a favor o en contra de este indulto, como de tantos otros que llegan cada viernes a la reunión ministerial. Y que, a su vez, el informe de Justicia se limita a hacer suyos los argumentos del Tribunal Supremo, a favor o en contra de la medida de gracia.
Ese argumento sería válido si no fuera porque el Consejo de Ministros desoyó en su día el informe del Supremo contrario al indulto al juez Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación para ejercer de juez. El Ejecutivo pasó por encima de la opinión del Alto Tribunal y le concedió la gracia. Es cierto que el magistrado se había convertido en epicentro de una batalla político-mediática agitada desde el Gobierno. Y no le iban a dejar solo en ese trance.
La otra pregunta es, ¿qué ha tenido que ver Mariano Rajoy en la decisión de no conceder el indulto? Desde el Partido Popular se afanan en dejar clara la postura de Rajoy de no conceder la medida de gracia, en una intención clara de marcar distancia con una oligarquía empresarial a la que siempre ha sido ajeno y en la que nunca fue incluido. Y esa intención va más allá del caso concreto de los Albertos, “es una actitud”, dicen y, aunque eso no lo dicen, es también un reclamo electoral que Rajoy sabe que tiene muy buena venta: eso no de tener la etiqueta de amigo de los ricos desmonta muchos argumentos a la oposición en época de elecciones.
La estrategia de los Albertos.- Si, finalmente, Alberto Cortina y Alberto Alcocer deben entrar en prisión, la estrategia de los primos será pedir el tercer grado, acogiéndose a la benevolencia del Código Penal de Belloch, y estar dentro el menor tiempo posible de los tres años y cuatro meses.