Más del 55% de los alquileres de vivienda defraudan al Fisco

El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que el Plan de Prevención del Fraude se estancó en 2008 sin resultados "medianamente aceptables", ya que si bien se contabilizaron 130.345 nuevos declarantes de viviendas alquiladas, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 209.159 en comparación con el año anterior. Asimismo, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, es decir, un 19,3%, hasta los 2.926 millones.

De este modo, los Técnicos de Hacienda sostienen que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude entre 2006 y 2007, al pasar del 57,1% al 54%, lo cierto es que entre 2007 y 2008 los "alquileres negros" aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).

Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor. Esta norma recoge como "medida estrella" la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder "fichar" aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido.

El estudio de los Técnicos cifra en un mínimo de 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles distintos de los destinados a uso como vivienda) que no se han llevado a la base imponible del IRPF.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, el hecho de que el fraude por alquiler de viviendas siga creciendo pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude, máxime si se tiene en cuenta que los alquileres aflorados lo han hecho impulsados por dos motivos: por un lado, por los 502.440 inquilinos que han utilizado por primera vez en 2008 la nueva deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales) y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos.

De acuerdo a estos datos, la causa de que el fraude aumentara puede responder, según Gestha, a la decisión de algunos ciudadanos de sumergir las rentas de sus alquileres al presentar su declaración de la Renta en junio de 2009, en un momento "económicamente muy delicado" marcado por la recesión, la caída del empleo y las dificultades financieras que en general atravesaban las familias españolas.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "los propietarios de viviendas alquiladas son principalmente personas que cambiaron de vivienda y alquilan la antigua para pagar la hipoteca de su vivienda nueva o personas mayores que complementan su pensión con un alquiler. Detrás de estas personas no hay grandes firmas de asesoría. Si la Agencia Tributaria estatal no es capaz de erradicar un fraude tan sencillo de descubrir, ¿cómo va a luchar contra el fraude de las grandes fortunas, de las sociedades instrumentales y de los paraísos fiscales?".

El informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren en la puesta en marcha medidas más eficaces que las adoptadas hasta la fecha, con el fin de combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales.

En primer lugar, Gestha considera "imprescindible" que se cumpla la Disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar las medidas necesarias para que los Técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones. De este modo, y mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH), se aprovecharán al máximo su experiencia y capacidades, aumentando considerablemente el control tributario y aduanero, y el control del gasto público.

En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en nuestro país, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23,3% del PIB, lo que supone un montante de 245.000 millones euros. Según Gestha, con un plan eficaz de lucha contra el fraude y con esta autorización a los más de 8.000 Técnicos de Hacienda se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea, y podrían recaudarse cada año unos 38.500 millones de euros adicionales.

Los Técnicos de Hacienda confían en que las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, aprobada a finales del año pasado, sea un primer paso para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

De hecho, uno de los objetivos fundamentales de esta reforma es agilizar los procesos de desahucio, uno de los puntos que más dificultades y alarma social sigue generando en el mercado del alquiler de viviendas. En esta línea, Gestha sostiene que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.