El IBI, una opción a reformular para salir de la crisis

El último balón de oxígeno dado por el Gobierno a los ayuntamientos de conceder una línea de crédito de 14.000 millones de euros para hacer frente a sus deudas, ha desatado la polémica entre los expertos, quienes mantienen que esta dinámica de gastar lo que no se tiene y de volver a endeudarse, antes o después, desembocará en una situación parecida a la que atraviesan ahora. A día de hoy, Comunidades Autónomas y ayuntamientos adeudan en conjunto 12.300 millones de euros a proveedores. Además, según datos hechos públicos por el anterior Ministro de Economía, Pedro Solbes, la deuda bancaria de los municipios españoles asciende a 226.128 millones, lo que supone exactamente 566 euros por habitante.

La crisis está castigando a los ayuntamientos que, tras el batacazo del sector inmobiliario, y el consiguiente descenso de las arcas municipales procedentes de la recaudación ligada a la actividad económica e inmobiliaria, practican ‘ingeniería’ tributaria en un intento de cuadrar las cuentas del próximo año. En este sentido, algunas corporaciones han optado por recuperar tasas que se retiraron hace unos años, como por ejemplo la de recogida de basuras; y otros por incrementar la cuantía de algunos tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Ésta última es la principal alternativa que barajan las diferentes corporaciones locales. De hecho, 35 de las 52 capitales de provincias españolas (70%) han decidido incrementar el IBI en el presente ejercicio con la subida del tipo impositivo del tributo. Un caso especialmente significativo como el de la ciudad de Madrid, cuyo ayuntamiento confía en el aumento de la recaudación por tasa y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para ‘salvar’ las cuentas del año 2009.

El IBI es la principal fuente de ingresos impositivos para los ayuntamientos, a quienes corresponde su recaudación, tal y como establece la Ley (39/1988, de 28 de diciembre) reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. La recaudación del IBI representa casi la mitad de los recursos de las arcas locales, por encima del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Se trata pues de un impuesto incuestionable, más ahora que el nivel de endeudamiento de la Administración local no para de crecer.

Pero, paradójicamente, también es el impuesto por el que un ayuntamiento deja más de ingresar. Según se recoge en la ley Reguladora de las Haciendas Locales, los inmuebles ubicados dentro del perímetro que delimita los conjuntos históricos, siempre y cuando cuenten con una antigüedad superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo de protección, no tributarán; lo que significa que edificios singulares como el Banco de España, la Real Casa de Correos, el hotel Ritz o el Museo Thyssen y todos aquellos relacionados con la Administración son algunos de los beneficiados de esta exenciones, así como la Iglesia Católica, Centros Docentes y Sanitarios públicos que tampoco tributan. Fuentes de Gerencia de Urbanismo calculan que, sólo en Madrid, hay en torno a un millar de edificios emblemáticos en la capital que se acogen a este capítulo de la ley Reguladores de las Haciendas Locales, lo que equivale a más de 143,2 millones de euros que el ayuntamiento deja ingresar y que serviría para pagar el presupuesto de un tercio de los 21 distritos de la capital.

Es momento pues de que de que se aborde una reforma de la ley de Haciendas locales que permita articular los impuestos con bonificaciones y penalizaciones, para obtener más recursos. La primera piedra: el proyecto de Orden Ministerial que el Gobierno central ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias para modificar la orden que exime a la Iglesia Católica del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).