El Parlamento Europeo arremete contra España

El Parlamento Europeo ya lo hizo en 2005 y 2007: llamar la atención sobre los abusos de la construcción en España, especialmente en la costa levantina. Vuelve ahora a la carga y a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento, ha emitido un durísimo informe que ha contado con el apoyo de 24 eurodiputados de un total de 35. De nada ha servido que PP y PSOE españoles se unieran para evitar que el dictámen provisional saliera adelante. Hasta la mayoría de sus compañeros de otros paises votaron afirmativamente el informe. A primeros de marzo será sometido a votación para su aprobación definitiva.

"El PSOE y el PP españoles se han quedado aislados, marginados. Sus argumentos no convencen a nadie, porque hay miles de ciudadanos que han visto los abusos urbanísticos, los impactos ecológicos de este modelo", destacó tras la votación el eurodiputado verde español David Hammerstein, compañero de grupo de la ponente Margrete Auken, del Grupo Verde. La Comisión no admitió ninguna enmienda de socialistas y populares y, en cambio, si lo hizo con varias del eurodiputado de IU Willy Meyer, en las que se califica el modelo urbanístico español de "expoliador de los bienes culturales" Meyer considera además que las negras previsiones de desempleo y el aumento de la deuda pública son "consecuencias" de ese modelo.

El Parlamento pasa de la advertencia a la amenaza y recuerda que está facultado para interrumpir de manera definitiva la provisión de fondos estructurales y a suspender los destinados a políticas de cohesión para persuadir a un estado miembro par "que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar". Según la Comisión de Peticiones, las islas y las zonas mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, lo que constituye una "pérdida significativa de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental". Todo esto se debe, sigue el informe "a la ausencia de planeamientos supramunicipales o de directrices de ordenación territorial que establezcan limites razonables al crecimiento y el desarrollo urbanístico".

El Parlamento también se detiene en la lentitud de los procedimientos judiciales y administrativos y recuerda que la Comisión Europea tiene abiertas investigaciones sobre 250 proyectos urbanísticos que son contrarios a la Directiva Marco sobre el Agua. Finalmente, el informe recomienda la suspensión y revisión de todos los planes urbanísticos nuevos que no tengan en cuenta la normativa europea en materia de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, a menudo concebidos y desarrollados por la autoridades locales y las inmobiliarias a expensas de los ciudadanos.