Teodoro Martínez

A principios de año entró en vigor el nuevo Plan General Contable (PGC). Esta normativa introduce novedades que podrían afectar a unos 5.000 administradores de fincas, siempre y cuando estén constituidos como sociedades y utilicen el plan como forma de gestión, y, como consecuencia, a más de 200.000 contabilidades de comunidades de vecinos. Pese a su importancia, muchos agentes inmobiliarios desconocen la reforma del PGC. Según un estudio de KPMG, apenas el 29% de los empresarios tiene alguna idea concreta de cómo es y tan sólo el 25% considera saber lo suficiente para manejarlo.

Entre las novedades que supone el plan, se encuentra la cumplimentación de nuevos documentos, como el ECPN (estado que recoja los cambios en el patrimonio neto) y el EFE (estado de flujos de efectivo, sólo para empresas que no puedan formular balance, ECPN y memoria en modelo abreviado). Además, el balance pasa a estar compuesto por tres grandes apartados: activo, pasivo y patrimonio neto.

Se introduce también el criterio del valor razonable, para contabilizar determinadas correcciones valorativas y registrar los ajustes de valor por encima del precio de adquisición de algunos elementos patrimoniales. El fondo de comercio ya no será amortizable, mientras que los modelos de cuentas anuales consolidadas que se formulen de acuerdo con las normas internacionales de información financiera adoptadas por Reglamentos de la Unión Europea tendrán que depositarse en el Registro Mercantil con modelos oficiales.

Aparecen, también, nuevas normas como la novena, para instrumentos financieros, o la que regula las "combinaciones de negocios". Así mismo, se modifica la norma reguladora de la moneda extranjera, que dispone que las diferencias de conversión se contabilicen en el patrimonio neto.

Todos estos cambios pueden pillar desprevenidos a algunos administradores, lo que puede suponer importantes complicaciones a la hora de realizar las gestiones pertinentes en las comunidades de vecinos. Para suavizar en cierta medida el impacto de las novedades, existen programas informáticos ya adaptados a ellas.

Los programas informáticos permiten hacer de la gestión de inmuebles una tarea más sencilla y automatizada. Por ejemplo, son capaces de avisar mediante SMS a un moroso de su impago y las medidas tomadas contra él, de realizar envíos masivos por e-mail de facturas y recibos, de crear comunidades virtuales, que podrían asemejarse a los blogs de Internet, donde tiene lugar un diálogo entre el administrador y el propietario, o de digitalizar cualquier tipo de documento. Esta última función se convertirá en especialmente útil en muy poco tiempo. Hasta ahora, la Administración sólo admitía como válidas las facturas impresas. Sin embargo, la Agencia Tributaria y Hacienda acaban de reconocer como legales la factura electrónica y la firma digital. Gracias a estas medidas, dentro de poco desaparecerá de las oficinas las facturas en papel, reduciendo tanto el riesgo de pérdida como el espacio ocupado.

De la misma forma ocurrirá con los SMS. Algunos ayuntamientos están realizando ya pruebas para poner en marcha un nuevo sistema por el cual las notificaciones oficiales recibidas a través del teléfono móvil adquirirán validez legal. En la actualidad, la única forma de que éstas tengan un reconocimiento por parte de la Administración enviarlas por burofax o correo certificado.

El mundo tecnológico invade poco a poco, de esta forma, la profesión del administrador de fincas, quien no puede dejar de prestar atención a este tipo de cambios.