Firmado el primer convenio laboral del sector inmobiliario

Gema Fernández
Madrid

Cerca de dos años lleva la patronal de las empresas de gestión inmobiliaria (AEGI) trabajando en la creación de un marco jurídico laboral adecuado al ámbito del asesoramiento y la comercialización de inmuebles, uno de los objetivos que se marcó esta asociación cuando se fundó hace ya un lustro.
Los primeros acercamientos a los sindicatos comenzaron hace dos años, y a finales de junio de 2002 ya existía un borrador.

Un 'hito'.- Javier Sierra, presidente de Re/Max España y principal representante de AEGI, ha calificado de "hito" la firma de este convenio, que viene a llenar el "vacío legal existente".
La creación del Convenio Colectivo Estatal para las Empresas de Gestión y Mediación Inmobiliaria nace con la pretensión de dotar a este sector de una regulación "uniforme y autónoma", a la vez que trata de adecuarlo a la realidad y a las exigencias que el mercado impone.
Calixto Corral, presidente de Fincas Corral y de la comisión negociadora del convenio por parte de la patronal, asegura sentirse "orgulloso" por el paso dado en el sector en la búsqueda de "una mayor transparencia".
Si bien el convenio va dirigido a los trabajadores por cuenta ajena con relación laboral común y dependencia organizativa de la empresa, son diversas las cuestiones que regula, llegando incluso a definir qué se entiende por mediación inmobiliaria.
El texto legal proclama el principio de igualdad y la no discriminación laboral y salarial por razón de sexo, estado civil, raza, condición social o ideas religiosas o políticas. Asimismo, extiende los derechos reconocidos por razón de matrimonio a las uniones estables de pareja, "con independencia de su orientación sexual".
Precisamente este punto es uno de los que le ha valido el calificativo de "moderno", que le atribuye Corral, quien también ha destacado como aspectos clave de este convenio la reducción de la jornada laboral a 39 horas, el establecimiento de un sistema retributivo basado en las comisiones pero garantizando un salario mínimo mensual, y la tipificación como infracciones graves merecedoras del despido el acoso sexual y el psicológico.