Reino Unido, Irlanda y Suecia no cumplen las normativas europeas de impacto ambiental

Según la legislación del país, no existe ninguna obligación de redactar el estudio de impacto medioambiental si se trata de zonas ya urbanizadas, lo que supone una falta de adaptación del reglamento inglés a la normativa europea.
El proyecto consiste en la construcción de un complejo comercial y de entretenimiento en White City.
La Comisión ha dado también un último aviso a Suecia e Irlanda antes de denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la UE por no respetar la legislación comunitaria sobre la evaluación del impacto medioambiental. Con este aviso les da un margen de dos meses para tomar las medidas necesarias antes de informar a la Comisión y que se pongan en marcha los trámites pertinentes para que se lleve a cabo la denuncia.
En el caso de Suecia, el Ejecutivo comunitario ha comprobado que la legislación nacional no prevé "disposiciones apropiadas para la evaluación de varias categorías de proyectos" en los ámbitos de la agricultura, la minería y la industria energética, entre otros.
En cuanto a Irlanda, el motivo del dictamen se refiere a la normativa de este país que cobra a los habitantes de la zona entre 20 y 45 euros para que sus opiniones sean tenidas en cuenta en los estudios de impacto medioambiental. Respecto a este tema, la directiva comunitaria señala que los ciudadanos pueden intervenir en el proceso y manifestar las dudas que les surjan acerca del proyecto. Para el Ejecutivo de la Unión Europea, "hacer pagar a los ciudadanos que desean comunicar informaciones puede disuadirles de participar en los procedimientos de decisión en materia de medio ambiente.
A pesar de lo que recogen las normativas de cada país, la Unión Europea ya había fijado como fecha límite marzo de 1999 para realizar las modificaciones oportunas en sus leyes nacionales y adaptarlas a la legislación comunitaria.
La directiva de la UE señala que los Estados miembros deben "tomar las disposiciones necesarias para que, antes de la autorización, los proyectos públicos o privados susceptibles de tener incidencias notables en el medio ambiente sean objeto de una evaluación sobre las mismas".