Reflexiones de año nuevo

El año 2006 ha estado marcado en la mayoría de las comunidades autónomas por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en la primavera de 2007. Los gobiernos autonómicos y municipales han tratado de apurar los plazos para cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos en materia de viviendas, infraestructuras y equipamientos y poder optar a la reelección. Ya hemos apreciado, y lo haremos con más asiduidad en los próximos meses, como proliferan las inauguraciones oficiales con fotos, prensa y televisiones incluidas.
Esto no es censurable si se ha cumplido con lo prometido y lo que se presenta resulta una mejora considerable para la vida diaria de los ciudadanos. Las actuaciones en materia de vivienda han estado marcadas por el Plan Nacional 2005-2008, por la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación y, en menor medida, por la tramitación de la nueva Ley del Suelo pendiente de su aprobación definitiva en el Parlamento. Este último proyecto de ley ha marcado el desarrollo de la legislación urbanística de las comunidades autónomas que, en muchos casos, han paralizado sus respectivas tramitaciones hasta que estuviera aprobada de manera definitiva la nacional.
La demanda de un acceso digno a la vivienda ha sido nuevamente primera plana de la actualidad informativa. Para una gran parte de ciudadanos debería ser protagonista de la campaña electoral municipal y autonómica que se avecina. Incluso, de las nacionales si se produjera un adelanto electoral ante la situación política que vivimos.
La sombra de la corrupción urbanística ha hecho su aparición en 2006 y ha llevado a las primeras páginas de los periódicos a responsables políticos y empresarios presuntamente culpables de delitos que comprometen la imagen del sector inmobiliario y del urbanismo nacional. Esta corrupción no es generalizada en el sector inmobiliario por lo que habría que hacer, desde los ámbitos políticos y empresarial, todo lo posible para separar el grano de la paja.