La Nación española

Es verdad que las leyes, todas las leyes, están para cumplirse, por un lado, pero, por otro, y el más importante, para servir a las personas. Y que están sujetas a circunstancias históricas, gustos, costumbres e intereses, que pueden ser hasta personales o de grupo. Cualquier crónica de la Historia lo demuestra con la eficacia de los hechos.

Desde esa perspectiva, nuestra Constitución se elaboró bajo la presión de los importantes restos de la Dictadura, con unas Fuerzas Armadas en las que pervivían enormes resistencias a los cambios, y con una clase política que iniciaba una transición pacífica y muy rápida hacia la plena democracia. No es, por tanto, inmutable o intocable, y, de hecho, ha sufrido pequeñas reformas para acomodarse a nuestra integración en Europa. Pequeñas reformas en el texto y profundas en su esencia y su significado a través de los acuerdos de integración en la supranacionalidad del Viejo Continente, por un lado, y en el desarrollo de los diferentes estatutos de autonomía de las 17 comunidades, por otro.

Hasta hoy, e incluido el actual de Rodríguez Zapatero, los diferentes gobiernos han defendido la presencia de España en Europa y en el mundo, se han preocupado de su importancia y de los acuerdos con los distintos países; y de igual forma han defendido la cada vez mayor autonomía de los gobiernos regionales y de sus parlamentos. Ambas fuerzas han disgregado el centro neurálgico de nuestra estructura institucional, sin que desde los poderes públicos, en estos 25 años, se haya realizado una labor de concienciación de lo que ha significado y significa la Nación española a través de los cinco siglos de convivencia de los distintos pueblos y culturas. Desde un complejo histórico, desde una vergüenza explicable por tantos y tantos periodos de opresión a los que han estado sometidos los españoles, se soslayó la propia palabra España, se difuminaron y entregaron a uno de los extremos del arco político sus símbolos, y se hizo poca o ninguna pedagogía de la historia común, de los valores comunes, de todo aquello que nos unía y nos une en un proyecto de futuro.

En ese necesario saber y entender nuestro pasado; en ese necesario saber y entender nuestro innovador y distinto presente; y en ese necesario saber y entender el mejor de los caminos posible de nuestro futuro, debería haberse integrado en la educación básica de los españoles la Constitución. Y si se considera que es demasiado larga y demasiado tediosa con el añadido de los 17 estatutos de autonomía y sus reformas y añadidos; al menos debería haberse hecho, y no es mal momento para empezar a hacerlo, el referendum que se avecina sobre la Constitución europea, una fuerte, intensa, afectiva y efectiva lectura del Título Preliminar de la Carta Magna de 1978, de esos nueve artículos que encierran las claves de nuestra convivencia.

Ahí están las reglas del juego que ya están jugando los partidos políticos y más de un gobierno autonómico; de este matchball que quieren ganar desde Ibarretxe a Maragall, desde Zapatero a Rajoy. Desde el Rey a Carod Rovira. Conviene recordar que el artículo 1º define a España como un estado social y democrático, que coloca la soberanía nacional en manos del pueblo, y que afirma a la Monarquía parlamentaria; que el artículo 2º es tan clave como que recoge la indisoluble unidad de la Nación española, pero al mismo tiempo reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran; que los artículos que van del 3º al 7º hablan del castellano como lengua oficial, de las características y colores de la bandera de España, de Madrid como capital del Estado y de los partidos políticos y de los sindicatos. En el artículo 8º de este Título Preliminar aparecen las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía y la independencia, pero también de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Tal vez por ello el ministro de Defensa, José Bono, lo mencionó en sus últimas declaraciones ante el fenómeno de las exigencias de vascos y catalanes, muy al margen de las reflexiones, apetencias y acuerdos del propio presidente Zapatero. Y en el 9º nos volvemos a encontrar con las dos puertas abiertas, la de la reforma y la de la unidad, ya que se defiende la libertad del individuo y de los grupos en los que se integra, y que los poderes públicos deben favorecer y limpiar de obstáculos la participación de los ciudadanos en la vida política.

De aquí se tendrá que dar un salto hasta el articulado que desarrolla el Título X sobre la Reforma Constitucional, y que desde el artículo 166 al 169 pone de manifiesto que, sin acuerdo de los dos grandes partidos, es imposible cualquier reforma, ya que nunca se alcanzaría la mayoría de tres quintos en Congreso y Senado; y que, además, si la reforma propuesta afectara al Título Preliminar, o alguna de las partes del Título 1 y Título 2, conllevaría de inmediato la disolución de Las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Como se ve en este apresurado resumen de nuestra Carta Magna, las dificultades, problemas y debates que nos esperan en este 2005 que va a comenzar son tan grandes que pueden terminar ahogando el resto de los problemas concretos de cada día.


[email protected]