Los accidentes de trabajo se redujeron un 10,6% en los nueve primeros meses de 2004

En concreto, según datos del Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, un total de 699 personas perdieron la vida en accidentes laborales en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 10,6% respecto al mismo periodo de 2003.

Caldera hizo estas declaraciones en la clausura del I Encuentro sobre Prevención de Riesgos Laborales en Pymes y Autónomos, organizado por Cepyme, en el que resaltó la importancia de implantar una cultura de prevención en las empresas españolas, fundamentalmente en las pymes, "mucho más importante que la norma, las políticas o los instrumentos empleados".

Según los datos del Ministerio de Trabajo, el número total de accidentes de trabajo con baja hasta septiembre ascendió a 646.522, con una disminución del 2,9%. De estos accidentes con baja, 637.925 fueron leves (-2,8%) y 7.898 graves (-8,2%).

Por otro lado, en los nueve primeros meses del año se produjeron 61.120 accidentes "in itinere" con baja, lo que supone un incremento del 8%. De ellos, 386 siniestros resultaron mortales, con un fuerte crecimiento del 17% (debido a que se contabilizan algunas de las víctimas de los atentados terroristas del 11-M).

Asimismo, el número de casos de enfermedades profesionales que causaron baja del trabajador hasta septiembre ascendió a 17.287, con un ligero descenso del 0,1%.

Por comunidades autónomas, los accidentes laborales con baja aumentaron hasta septiembre en Extremadura (7%), Andalucía (4,4%), Navarra (4,3%) y Galicia (3,3%). En el resto bajó la siniestralidad, con País Vasco a la cabeza (-11,8%), seguida de Asturias (-10,2%), Madrid (-9,6%), La Rioja (-6,5%), Cantabria (-5,3%) y Cataluña (-5,2%).

En términos absolutos, Cataluña figura a la cabeza de accidentes de trabajo con baja (118.687), seguida de Andalucía (109.101), Madrid (88.580), Comunidad Valenciana (73.443), Galicia (35.496), Canarias (32.747), País Vasco (31.844), Castilla y León (30.038) y Castilla-La Mancha (27.172).

Ante un foro de unos 500 empresarios, Jesús Caldera recordó la intención del Gobierno de aprobar en los próximos meses de un paquete de medidas para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral, en el marco del diálogo social, mediante el reforzamiento de los instrumentos del sistema preventivo.

Así, Trabajo tiene prevista la conclusión del reglamento de los servicios de prevención, la regulación de las actividades de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales como servicio de prevención ajeno, la creación de un Observatorio permanente de las condiciones de trabajo y riesgos laborales, o el refuerzo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de la Inspección de Trabajo, con un nuevo incremento de medios humanos y materiales para el próximo año.

Además, el ministro insistió en el gran coste social y económico de los accidentes de trabajo, cifrado en España entre el 2% y el 4% del PIB (cerca de 6 billones de las antiguas pesetas). "Una cifra superior entre dos y cuatro veces el esfuerzo tecnológico global de la economía española, y superior al presupuesto total de las políticas de empleo o sociales", añadió.

Asimismo, explicó que la reducción de la elevada siniestralidad depende, además de la prevención, del conjunto de la política laboral, y resaltó la necesidad de luchar contra la precariedad y el trabajo irregular, muy relacionados con los accidentes.

A este respecto, reiteró la importancia del acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social sobre el Reglamento de Extranjería para regularizar la situación de los inmigrantes que están trabajando y aportando sus recursos a la economía nacional, y mostró su esperanza de llegar a un acuerdo similar para reducir la temporalidad en el empleo.

Por otro lado, Caldera mencionó la importancia de coordinar las actuaciones de los actores y de las instituciones y administraciones implicadas, y subrayó la eficacia del diálogo social y el papel de las organizaciones empresariales y sindicales.

En cuanto a la coordinación de las administraciones, afirmó que el Estado es el responsable de facilitar el marco legal, garantizar la coordinación y participación, compartir el cometido de las funciones de control e impulsar las políticas preventivas.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, destacó en su intervención que la prevención de riesgos laborales es un "reto social" y abogó por una "nueva cultura preventiva, proactiva y que aúne todos los esfuerzos colectivos e individuales para crear seguridad".

Bárcenas dijo que en España hay un extenso cuerpo normativo en materia preventiva y, aunque se ha realizado un gran avance, "no todo está hecho". A este respecto, resaltó los esfuerzos de pymes y empresarios autónomos en formación, información y adecuación tecnológica en prevención.

No obstante, resaltó la complejidad de la prevención con medios propios en las pymes, donde el empresario no tiene un asesoramiento interno similar a las grandes empresas.