Los "derechos laborales" de Gescartera

El Supremo revocó una sentencia contraria del Juzgado de lo social número 34 de Madrid, que rechazó las pretensiones laborales del director de Gescartera y ahora ha obligado al Fondo de Garantía Social a hacerse cargo de la deuda en el caso de que Gescartera no lo pague.

Fueron precisamente los abogados del Fondo los que recurrieron la sentencia del Supremo, alegando que en otro fallo de la misma sala contra un trabajador que se encontró cerrada su empresa no tenía derecho a indemnización por salarios incobrados, ya que en realidad se trataba de un despido.

Javier Sierra de la Flor presentó, en noviembre de 2001, demanda laboral por impago de salarios (un millón de pesetas al mes) y la extinción del contrato de trabajo por causas mayores. Gescartera fue cerrada por orden de la magistrada Teresa Palacio, titular del Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, tras descubrirse el fraude cometido por Antonio Camacho.

El 31 de enero de 2002, el Juzgado 34 de lo social rechazaba la demanda, absolviendo a las empresas y al Fondo de Garantía del pago. El 27 de diciembre, el Supremo revocaba la sentencia del tribunal inferior y daba la razón al director de Gescartera.

Javier de la Sierra declaró ante la jueza Palacios que entregó un cheque de 90.152 euros (15 millones de pesetas) al ex vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, por orden de Camacho.

La que no lo ha conseguido por ahora ha sido la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, que también reclamó por impago de salarios. Pilar es hermana del ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, que tuvo que dimitir tras el escándalo, que también costó el puesto a Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, y estuvo a punto de afectar también gravemente al propio ministro de Economía, Rodrigo Rato.