Una venganza urbanística

“No sé de dónde puede venir este atentado contra mi persona, actualmente no tengo ninguna actividad política, salvo la militancia de base, ni ejerzo ninguna influencia sobre mis compañeros, pero intuyo que puede estar relacionado con temas urbanísticos”, afirma Rodríguez del Barrio mientras se recupera de sus heridas.

El propio Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, ordenó paralizar la revisión de las Normas Subsidiarias de Torres de la Alameda que había aprobado el Ayuntamiento presidido por su propio correligionario ante las continuas denuncias de ilegalidades presentadas por el PSOE y los escándalos denunciados por el propio concejal de Urbanismo, Benito Sotoca (Agrupación Independiente) contra Acedo, al que acusó en el juzgado de haberle ofrecido repartirse 50 millones si apoyaba un determinado acuerdo con una promotora para que adquiriese a bajo precio unas parcelas en el Sector III del polígono industrial. Acedo consiguió desbancar al PSOE gracias al concejal de la Agrupación Independiente de Torres de la Alameda, al que tuvo que dar la concejalía más preciada la de Urbanismo.
“Durante mis 16 años de alcalde fuimos muy estrictos en los temas de urbanismo y eso provocó algunas crispaciones de vecinos, que me acusaban de restarles beneficios en sus operaciones urbanísticas. Siempre luchamos contra la especulación y procurábamos que el mayor beneficiario de las normas fuera el propio Ayuntamiento. Eso desencadenó toda una marea de denuncias contra mí, setenta en total, de las que he sido absuelto en todas las ocasiones. Se trataba de quitarme de en medio. Incluso tuve agresiones”, afirma el ex alcalde, quien se autodefine como “acostista” y que todavía figuró en la última lista al Congreso de los Diputados, que encabezaba Zapatero, aunque en el puesto 28.

Los dos peores momentos los pasó en abril de 1994, cuando un vecino, Jacinto Fraile, le agredió con una muleta porque le acusaba de hinchar el pago que tenía que hacer a una junta de compensación. En otra ocasión tuvo que denunciar a 65 vecinos que le habían abroncado y amenazado en público por el derribo de unas construcciones ilegales.
“Cuando el PP llegó al poder todo se relajó, donde se podían hacer dos alturas se hacían cuatro y se revisaron las Normas Subsidiarias para recalificar todos los terrenos alrededor del casco urbano. Fue entonces cuando los concejales del PSOE en la oposición comenzamos a denunciar las irregularidades que veíamos. En concreto, querían hacer un campo de golf junto a un arroyo”, cuenta el ex alcalde tiroteado.

En medio de estos problemas, otro constructor acusó al alcalde popular de haberle pedido una comisión para hacer 600 chalés en el pueblo. Todas estos problemas provocaron que el entonces consejero de Obras Públicas de la Comunidad, Luis Eduardo Cortés, decidiera entonces, al igual que en otros casos de recalificaciones masivas realizadas por alcaldes del PP (Alcorcón, Brunete, etc), suspender los desarrollos aprobados por el Ayuntamiento de Torres de la Alameda.