Andalucía y Cataluña llevarán las nuevas tecnologías a las viviendas

Marco Fernández.

Madrid

Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), que se vienen instalando en todos los edificios de viviendas construidos en España desde 1998, ofrece televisión digital, terrestre, por satélite, cable o analógica, telefonía de banda ancha, Internet de alta velocidad, videoporteros y circuitos cerrados de televisión, entre otras muchas aplicaciones domóticas. El vacío legal se encontraba en los pisos construidos antes de la fecha de aprobación del Real Decreto de febrero de 1998, que establece cuáles deben ser las infraestructuras comunes de los inmuebles para que sus moradores tengan acceso a todos los servicios de telecomunicaciones.

El caso andaluz.- La Junta de Andalucía tiene sobre la mesa un proyecto que soluciona este problema. Elaborado por la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel), el programa Actel pretende proporcionar a unos tres millones de hogares de esta comunidad autónoma con más de cinco anos de antigüedad el acceso a las autopistas de la información.

Está previsto que comience a funcionar a finales de año, y su coste estimado es de unos 285 millones de euros, a razón de unos 360 euros de precio básico por la adaptación de una comunidad de vecinos. Precisamente, serán las propias familias o comunidades vecinales quienes tengan que solicitar este servicio, que llevarán a cabo los casi 20 promotores privados que respaldan la iniciativa, entre los que se encuentran firmas como Digital+, Auna, Televés, Fagor o Tecatel.

En Cataluña, la Generalitat prepara dos decretos ley que endurecerán la normativa existente en esta materia y obligarán a extender las tomas de televisión, telefonía y cable a todas las habitaciones, exceptuando el baño, de los pisos nuevos o de aquellos antiguos que sufran una rehabilitación integral, así como en las viviendas unifamiliares, que hasta ahora estaban exentas. Los nuevos textos prevén la aplicación de sanciones a quienes incumplan la legislación.

La Secretaría de Telecomunicaciones del Gobierno catalán estima que realizar una instalación de este tipo puede encarecer el coste final de un piso en un 1%.