Aguirre y Gallardón, a un Metro de romper

Legalmente, el Metro de Madrid S.A. es propiedad al 75% del Ayuntamiento de la capital y el otro 25% de la Comunidad, pero Gallardón convenció a José María Alvarez del Manzano de que si quería ampliación tenía que otorgarle la batuta. La muerte, hace seis años, del anterior presidente del Metro, Rafael López Mancisidor, allanó el camino del entonces presidente de la Comunidad, que cumplió la promesa dada al alcalde y duplicó en cinco años la red metropolitana y sacó fuera de la ciudad dos importantes ramales: uno a Rivas y Arganda y otro para unir las cinco principales ciudades del sur (Metrosur).

Esperanza Aguirre esperaba que Gallardón siguiera el camino de Alvarez del Manzano y le “cediera” el control del Metro, para lo cual reclamó en cuanto ganó las elecciones la dimisión de Manuel Melis, que había sido nombrado gerente de Obras del Ayuntamiento como prueba inequívoca de su adhesión a Gallardón. La sorpresa fue que Melis no sólo no dimitía tras la victoria de Aguirre, sino que una semana antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno regional, reforzaba la presencia de los gallardistas en la dirección del Metro, nombrando a Ildefonso de Matías como director gerente.

El consejo de administración de Metro de Madrid está formado por 15 personas. Cuatro dependen del mismo Metro, y, a su vez están adscritas al Ayuntamiento, otras cuatro han sido nombradas por el Gobierno municipal, más tres que son vocales por los sindicatos (UGT y CC.OO.) y la Unión de Consumidores. Esperanza Aguirre tiene, por lo tanto, sólo tres votos en el consejo.

El alcalde de Madrid aprovechó el periodo en que fue presidente en funciones de la Comunidad para cesar a cuatro consejeros de Metro (entre ellos dos concejales de PSOE e IU) y colocar a cuatro representantes del nuevo Ejecutivo local: Pedro Calvo, concejal de Seguridad; Fernando Autrán, gerente de Gedesma; Jesús Mora, secretario técnico de la misma concejalía; y Mirella Trabada, delegada de presupuestos municipales. Añadiendo el nombre de Jesús Trabada, consejero delegado de Mintra.

Gallardón se llevó también a la EMT al ex director gerente del Consorcio de Transportes, José Ignacio Iturbe, que fue también nombrado vocal del ente regional en representación del Ayuntamiento, sustituyendo a Iñigo Enríquez de Luna, un hombre más cercano a las posiciones de Aguirre.

Ha sido precisamente Iturbe quien ha puesto la primera “piedra” en el camino de Francisco Granados, consejero de Transportes y presidente del Consorcio, oponiéndose públicamente a que el Metro de Madrid abra 24 horas durante los fines de semana, una de las propuestas estrella de la nueva presidenta.

En un intento de controlar el consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes, Esperanza Aguirre ha colocado también allí a Luis Armada, viceconsejero de Transportes y antiguo gerente de Urbanismo.

En este intervalo se produjo también el cese de dos alcaldes socialistas: Enrique Cascallana (Alcorcón) y Tomás Gómez Franco (Parla), que fueron sustituidos por el popular Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda. En representación de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, la nueva presidenta optó en cambio por dejar a José Luis Fernández Quejo, alcalde de El Escorial, también del PP.

Tampoco pasó inadvertido para Gallardón el nombramiento como gerente del Consorcio de José Manuel Pradillo, un compañero de Esperanza Aguirre en su etapa municipal, ex director de Transportes y Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid y miembro del consejo de la EMT durante varios años.

El consejo de administración del Consorcio está formado por 5 vocales de la Comunidad, 5 del Ayuntamiento de Madrid, 3 más de otros ayuntamientos madrileños, dos vocales de los sindicatos, dos de las organizaciones empresariales, uno por las asociaciones de consumidores y dos más, optativos, del Estado, ya que en el Consorcio se integran bienes del patrimonio nacional, como los Cercanías de Renfe y algunas infraestructuras del propio Metro de Madrid. En la actualidad, la correlación de fuerzas es complicada, ya que Aguirre sólo controlaría unos 10 representantes, los correspondientes a la propia Comunidad y a los ayuntamientos, mientras que Gallardón tendría cinco vocales de la capital y podría contar con el apoyo de los cinco vocales que representan a sindicatos, empresarios y consumidores.