El PSOE rechaza que Defensa venda suelo para comprar armamento

La secretaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Ejecutiva socialista, Cristina Narbana, explicó que el PSOE apoya las mejoras de dotación y de la calidad de las mismas del Ejército, pero rechaza la enajenación de suelo como instrumento para financiarlas.

Para los socialistas, la venta de suelo es la "peor de todas las opciones posibles" con que el Gobierno cuenta para costear los 4.100 millones de euros en los que Defensa ha presupuestado la compra de nuevo armamento.

Además, según Narbona, Defensa no sólo pondrá a la venta terrenos, sino otras dotaciones como hospitales que también podrían destinarse a complementar las actuales instalaciones hospitalarias públicas y solucionar las "carencias" que muchas de ellas también presentan.

La dirigente socialista recordó que su partido viene reclamando desde 1998 que el Gobierno alcance un pacto de Estado con comunidades y autónomas y ayuntamientos para destinar suelos públicos en desuso a la promoción de viviendas públicas en alquiler.

Para el PSOE, esta medida contribuiría a solventar la escasez de este tipo de viviendas que España registra ya que, según sus datos, sólo el 2 por ciento del total de parque de viviendas tiene carácter público para alquiler, frente a la media del 18 por ciento que presentan el resto de países de la UE.

El problema se agrava además, según Narbona, dados los problemas de accesibilidad a la vivienda con que cuentan ciertos colectivos sociales como son los jóvenes, los inmigrantes o las personas de avanzada edad.

El rechazo del Gobierno a aceptar esta medida llevó a las comunidades gobernadas por el PSOE a rechazar el Pacto del Suelo que el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, suscribió con el resto de gobiernos regionales el pasado mes de enero.

Dicho pacto establece que las administraciones públicas sólo podrán recurrir a la subasta para enajenar suelo en el caso de no ser posible un acuerdo entre las tres adminsitraciones para determinar el uso del terreno en cuestión y de que fracase también la licitación de un concurso público para su venta que incluya como condición la construcción de un determinado número de viviendas protegidas.