El Congreso aprueba subir al 95% la cobertura hipotecaria de VPO
Aumentará hasta los 30 años el plazo de amortización
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
11/05/2010.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con 331 votos a favor y una abstención la moción pactada entre PSOE y CiU que insta al Gobierno a modificar las condiciones los préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida, ampliando del 80% al 95% la cobertura y su plazo de amortización de 25 a 30 años, así como para destinar el suelo y los bienes "infrautilizados" adscrito a los Ministerios de Defensa, Interior y Fomento, incluidos los entes empresariales, a la construcción de este tipo de vivienda.
El Congreso pide al Ejecutivo favorecer el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquellos que disponen de menos recursos. Por ello, el texto dispone que se realicen los cambios normativos necesarios para maximizar las medidas establecidas en el plan del Ministerio de Vivienda.
El Pleno del Congreso de los Diputados propone tres bloques de medidas para intentar alcanzar este objetivo, dentro del marco legislativo que el Plan de Vivienda de 2009-2012 dispone.
En primer lugar, se pretende la mejora de la información y la eficiencia administrativa del plan a través de distintas actuaciones. Éstas consisten en una propuesta de evaluación continuada de la normativa, la realización de un informe sobre la ejecución de las líneas de crédito para evaluar la facilidad o dificultad de la aplicación de éstas y la realización de un estudio de las cargas administrativas del Ministerio de Vivienda con el fin de simplificar la gestión administrativa, aproximar las políticas a los ciudadanos y mejorar la eficiencia de sus actuaciones.
En segundo lugar, se pide al Gobierno facilitar el acceso a la vivienda protegida y fomentar su construcción incorporando los siguientes aspectos: la aprobación de mejoras destinadas a las familias numerosas, la movilización del stock de vivienda en venta, la actualización del IPC en la regulación de precios de venta de las viviendas de alquiler a 10 años, la modificación de las condiciones de los préstamos para la adquisición de viviendas protegidas, la introducción de medidas para afrontar los desahucios por impago de las rentas hipotecarias o de alquiler, la valoración del coste real de la vivienda en cada uno de los territorios y la transformación de los bienes infrautilizados, Patrimonio del Estado, en viviendas protegidas o espacios destinados a otros fines sociales.
Por último se insta al Gobierno a la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles a partir del desarrollo de un modelo de colaboración público-privada, que se debatirá en Comisión, y la transformación de un elevado porcentaje del stock de viviendas existentes para su alquiler.