Massimo Scavarda

La intermediación en financiación es una actividad que existe desde mucho antes de que se diera a conocer como sector independiente. Generalmente, ha sido un asesoramiento que ofrecían personas con conocimientos financieros, especialmente en pasivo. No obstante, en los últimos años, y debido al aumento de la demanda de este servicio, han aparecido profesionales y empresas únicamente especializadas en el activo, que analizan los diferentes y cada vez más amplios productos de las entidades financieras existentes en España- actualmente son más de 200- para ofrecer en cada caso el más indicado y conveniente para cualquier perfil de cliente.

El intermediario asesora al cliente ofreciéndole el mejor producto entre los disponibles en el mercado, reduciéndole el tiempo y conocimientos necesarios para analizar toda la oferta y elevando la posibilidad de que le concedan un crédito. Asimismo, el intermediario le ofrece a sus socios, las entidades bancarias, la posibilidad de publicitar sus productos, sirve como departamento de pre-análisis de riesgo de operaciones y, en definitiva, puede asignar a cada entidad financiera el cliente tipo al que está dirigida.

Pero aquí llegamos al gran mal que acecha a las empresas del sector: el capital privado. En España prestar dinero es legal, y esto abre la puerta a que muchos especuladores y oportunistas entren en el sector, dañándolo irremediablemente, no con el objetivo de ayudar a unas personas con dificultades sino con el de enriquecerse en gran mesura llegando incluso a quedarse con la propiedad del cliente si éste no cumple con el pago de la deuda.

Y todo esto ocurre por la falta de una regulación sectorial. Todos se consideran expertos con derecho a opinión, especialmente las asociaciones de consumidores que aprovechan para atacar a todos por igual sin distinción, pero nadie toma la iniciativa para que el Borrador del Anteproyecto de Ley que se presentó en mayo de 2007 siga adelante. El presente y futuro de la gran mayoría de las empresas de intermediación financiera que desarrollan su actividad correctamente está seriamente comprometido por la falta de dicho marco legal, que ahuyentaría a los operadores sin escrúpulos que operan al límite de la legalidad. No volverían a ver lo suficientemente "rentable" este nicho de mercado y se generaría así la confianza suficiente y necesaria para que, por una parte, el consumidor se sintiera protegido y arropado al acudir a un intermediario y, por otra, las entidades financieras estuvieran mucho más dispuestas a trabajar en mayor medida con este canal prescriptor.

Pero, ¿quién puede o debe impulsar el Anteproyecto de Ley? Unos dicen que el Banco de España, pero éste se niega ya que el intermediario no es el que presta el dinero, por lo que no entra dentro de sus competencias. Otros optan por el Ministerio de Economía y Hacienda, que tampoco recoge el testigo. Al final, la tramitación del Anteproyecto se está realizando a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, pero tiene descentralizadas las competencias en las diferentes Comunidades Autónomas, por lo que el horizonte de una regulación definitiva y temprana está realmente oscuro.

Mientras tanto, la coyuntura socio-económica actual está elevando las solicitudes de refinanciaciones de deuda de muchos ciudadanos que no llegan a fin de mes, al mismo tiempo que hay un bloqueo férreo y total en la concesión de crédito por parte de las entidades financieras. Si estuviera regulada la intermediación financiera seguramente ya existirían más productos bancarios específicos para la reunificación de deudas, quizás algo más caros, pero infinitamente más seguros frente a cualquier otro tipo de financiación no regulada ni sometida a supervisión por un banco u organismo público de competencia.