El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado una investigación sobre anuncios de viviendas en grandes portales inmobiliarios que podrían estar ofreciendo alquileres por encima de los precios regulados en zonas tensionadas. La nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela exige que estos anuncios incluyan información clara sobre los precios, como el último contrato de alquiler, para garantizar la transparencia. El incumplimiento podría considerarse una práctica desleal y acarrear sanciones. Esta acción se produce tras detectar irregularidades en la oferta comercial en el mercado de la vivienda.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela establece que los portales inmobiliarios y las agencias deben ajustar sus anuncios de alquiler a los precios regulados en zonas consideradas como tensionadas. Esta normativa busca garantizar la transparencia y proteger a los consumidores en un mercado cada vez más complicado.
El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, envió el pasado 29 de diciembre una carta a los principales portales inmobiliarios y asociaciones del sector, advirtiendo sobre las implicaciones legales de no cumplir con esta normativa. En su comunicación, Barragán enfatizó que el incumplimiento podría ser calificado como una “práctica desleal por engañosa”.
Hasta ahora, la Ley de Vivienda requería que esta información se proporcionara antes de la firma del contrato; sin embargo, la nueva regulación exige que esté claramente visible en los anuncios.
Madrid, 16 enero 2026.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación para detectar y eliminar aquellos anuncios de alquiler en zonas tensionadas que ofrezcan precios superiores a los establecidos por ley. Además, se investigará si incluyen información sobre el precio del último contrato de alquiler para viviendas particulares. Estas prácticas podrían considerarse infracciones bajo la normativa de consumo.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el 11 de diciembre y publicada en el BOE el 27 del mismo mes, impone a los portales inmobiliarios la obligación de proporcionar información clara y accesible en sus anuncios online. Esto incluye datos como la última renta del contrato anterior para arrendamientos particulares o el índice aplicable para grandes tenedores.
Barragán también comunicó a los portales inmobiliarios las responsabilidades que tienen como intermediarios entre arrendadores y arrendatarios. La investigación se lleva a cabo tras detectar prácticas que podrían contradecir las nuevas reglas de transparencia en las ofertas comerciales dentro del mercado inmobiliario.
Este enfoque proactivo por parte del Ministerio busca asegurar que los consumidores estén debidamente informados y protegidos frente a posibles abusos en un sector tan sensible como es el alquiler de viviendas.