Más de la mitad de los alquileres de vivienda defraudan al Fisco

26/11/2009.- Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco. En la actualidad, se calcula que existen más de un millón de alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas alquiladas, según el Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España realizado por este colectivo con motivo de su IX Congreso Nacional que se celebra hoy y mañana en Santander.

El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, lo cierto es que el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%.

Los Técnicos de Hacienda atribuyen este “reducido impacto” de la reforma a los límites establecidos, según los cuales sólo pueden beneficiarse de una reducción del 100% del rendimiento neto aquellos propietarios cuyos inquilinos -trabajadores o autónomos- tengan entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos superiores a 7.236,60 euros, es decir, poco más de los beneficiarios del Plan de Vivienda 2005-2008 y del plan de emancipación del Ministerio de Vivienda, los que perciben la "renta básica de emancipación”. La mayoría de los propietarios con otros inquilinos pueden reducir la mitad de sus beneficios en el Impuesto de la Renta, como en años anteriores.

Asimismo, denuncia que, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su “medida estrella”, que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente una alquiler sumergido.

El estudio de los Técnicos cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares).

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria del Estado algo está funcionando muy mal; debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos”.

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados (un 68% del total) se concentra en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.

En lo referente a la cuantía defraudada, la Comunidad Catalana lidera el ranking nacional con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las Comunidades de Madrid y Andalucía, con 709,7 y 404,4 millones de euros, respectivamente. En el Archipiélago Canario el fraude estimado en alquileres de vivienda es de 148,6 millones de euros, mientras que en la Comunidad Valenciana y en Baleares asciende a 123,6 y 78,3 millones de euros cada año, respectivamente.

Según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen las comunidades de Extremadura (69,80%), Canarias (64,51%) y Murcia (64,11%).

Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 16,27% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 16,71% y del 36,31% respectivamente.

Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo debe adoptar medidas más eficaces que las tomadas hasta ahora para combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales.

En primer lugar, Gestha considera "imprescindible" que se cumpla la Disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.

Los Técnicos de Hacienda confían en las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, aprobada el pasado lunes, sea un primer paso para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

Esta ley ha ampliado los casos en que no procede la prórroga obligatoria del contrato de arrendamiento si el propiestario tiene necesidad de ocupar la vivienda para los padres, los hijos o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial, siempre que se haya hecho constar expresamente en el contrato, así como se ha introducido mejoras para agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe.

Igualmente, también sostienen que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.

En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en nuestro país, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB, lo que supone un montante de 240.000 millones euros. Según Gestha, con un plan eficaz de lucha contra el fraude y con la autorización de más de los más de 8.000 Técnicos de Hacienda se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea. Esta autorización supondría la recaudación cada año de unos 25.000 millones de euros adicionales solo por impuestos.