La Comunidad reservará el 50% del suelo para vivienda protegida

El gobierno regional remitirá en breve al Consejo Económico y Social el anteproyecto de la Ley de Suelo de la Comunidad, que reducirá a más de la mitad el tiempo de tramitación urbanística del suelo residencial y destinará el 50% de la edificabilidad de cada desarrollo a la construcción de vivienda protegida.

El anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ya está en marcha. El documento se enviará en los próximos días al Consejo Económico y Social (CES), que emitirá su dictamen durante el mes de noviembre. A comienzos de febrero comenzará a tramitarse en la Asamblea de Madrid, por lo que, según los cálculos del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, es probable que la nueva ley se apruebe antes de Semana Santa.

El texto establece una reserva del 50% de la edificabilidad de cada desarrollo urbanístico para destinarla a la construcción de vivienda protegida en la región, a excepción de los municipios que tengan menos de 15.000 habitantes, que tendrán libertad para fijar los porcentajes que estimen oportunos. Según ha destacado Zabía, esta reserva representa “el doble de lo que prevé la ley estatal del suelo” y está por encima del porcentaje que dedican otras comunidades autónomas como Andalucía (30%), Aragón (20%) o Cataluña (20%).

Otra de las novedades de la futura Ley de Suelo es la reducción de los plazos de tramitación urbanística. Así, la aprobación de los planes generales de ordenación urbana, cuyo procedimiento dura una media de cuatro años, se limitará por ley a un plazo de dos años, como máximo; mientras que en los planes parciales, que son aquellos que detallan el número de viviendas, locales, calles y zonas verdes del sector, se prevé una reducción a la cuarta parte, ya que el plazo máximo será de doce meses, frente a los 47 meses de promedio que está durando actualmente. En este sentido, el consejero madrileño ha asegurado que la nueva normativa “impondrá transparencia y agilidad en el proceso urbanístico, garantizará la seguridad jurídica de los particulares e influirá en el precio de la vivienda y el suelo de la Comunidad de Madrid”.

Entre las medidas para garantizar la agilidad de los plazos destaca la aplicación del silencio positivo, que implica que si las administraciones no contestan a las consultas en los plazos establecidos el procedimiento seguirá adelante. Asimismo, la ley pretende evitar retenciones injustificadas de suelo a través de tres instrumentos de ejecución del planeamiento: por compensación, por concurso público y por expropiación forzosa.