Isabel Díaz Ayuso anuncia que quienes sean condenados por ocupación ilegal no podrán acceder a vivienda protegida en Madrid durante cinco años, buscando reforzar la legalidad y modernizar normativas.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha revelado una nueva medida que impactará a las personas condenadas por ocupación ilegal. Según su anuncio, estas personas no podrán acceder a un inmueble protegido en la región durante un periodo de cinco años. La información fue compartida en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, donde se discutieron aspectos del nuevo Reglamento de Vivienda, que actualmente se encuentra en fase de tramitación y cuya aprobación está prevista para el mes de julio.
“Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas”, afirmó Díaz Ayuso. Esta iniciativa busca modernizar el marco normativo vigente y mejorar la eficacia de las políticas públicas relacionadas con este tema, además de fortalecer la defensa de la legalidad.
El nuevo texto legislativo establece que cualquier persona condenada por sentencia firme por delitos como el allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrá beneficiarse de una vivienda protegida si dicha condena ocurrió en los cinco años previos a la solicitud. Además, como novedad, se requerirá acreditar un empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante un mínimo de diez años antes de poder optar a una vivienda protegida. Esta condición tiene como objetivo priorizar a aquellos que tienen una vinculación estable con la región y asegurar que los recursos públicos se destinen a quienes contribuyen al desarrollo continuo del territorio.
La Comunidad de Madrid continúa siendo líder en España en la construcción de vivienda protegida. Esto es posible gracias al impulso del Plan VIVE, que promueve el alquiler a precios asequibles y ya cuenta con 14.000 viviendas en diversas fases de desarrollo. De estas, 5.175 han sido entregadas, mientras que 3.200 finalizarán su construcción en los próximos meses y 3.400 del Plan Solución Joven están actualmente en licitación.
Con esta medida, el gobierno regional busca no solo frenar la ocupación ilegal, sino también garantizar que las viviendas protegidas lleguen a quienes realmente lo necesitan y han demostrado su compromiso con la comunidad. La implementación efectiva del nuevo reglamento será crucial para abordar los desafíos habitacionales actuales y asegurar un futuro más estable para los residentes madrileños.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 5 años | Periodo durante el cual los condenados por ocupación no podrán acceder a vivienda protegida. |
| 10 años | Requisito de empadronamiento mínimo para optar a una vivienda protegida. |
| 14,000 | Total de viviendas en distintas fases de desarrollo bajo el Plan VIVE. |
| 5,175 | Número de viviendas ya entregadas del Plan VIVE. |
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció que las personas condenadas por ocupación ilegal no podrán acceder a una vivienda protegida en la región durante un periodo de cinco años.
El objetivo es modernizar el marco normativo vigente, mejorar la eficacia de las políticas públicas relacionadas con la vivienda y reforzar la defensa de la legalidad en materia de ocupación.
Además de la restricción para quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la ocupación, se requerirá acreditar un empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante al menos 10 años antes de poder optar a una vivienda protegida.
La Comunidad de Madrid lidera en España la construcción de vivienda protegida, impulsando el Plan VIVE, que ha permitido entregar ya 5.175 viviendas y tiene otras en distintas fases de desarrollo.