La CEOE advierte que la eliminación de las ayudas a la vivienda generará más paro

23/09/2010.- La CEOE asegura que los recortes que el Gobierno prevé aplicar en las políticas de vivienda para contener el déficit público lograrán el "efecto contrario". Desde el punto de vista de la patronal, lo incrementarán al desincentivar la compra de viviendas, con la consiguiente disminución de retornos fiscales, y afectarán a la actividad del sector generando más paro.

Para la patronal, los efectos de esta medida son cuantificables: por cada vivienda que se deja de construir se pierden 2,4 empleos -1,7 directos y 0,7 indirectos-, mientras que la recaudación inducida supone el 43% del precio de la vivienda, superior al ahorro previsto por el Ministerio de Vivienda, de más de alrededor de 1.200 millones de euros en dos años. Así lo aseguraron el presidente de la de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de la CEOE, Juan Lazcano, el presidente de la patronal de promotores (APCE), José Manuel Galindo, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos (CEPCO), Rafael Fernández. Todos ellos comparecieron para presentar un documento de rechazo al borrador de Real Decreto por el que se pretende modificar el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y que suprime las ayudas directas para la compra de viviendas protegidas (VPO) al tiempo que reduce las subvenciones para la promoción su vivienda protegida, entre otros recortes.

Lazcano escenificó el enfado de los empresarios: "Después del análisis que se ha hecho en CEOE de este borrador ya da pereza. Yo no sé a qué gente o qué cabezas despiojadas se les ocurren estas cosas. Es difícil de entender. Es un suma y sigue que verdaderamente indigna".

Los empresarios realizaron una simulación para ver los efectos de la retirada de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE). Así, para una pareja de 35 años, con un salario de 2,5 veces el Iprem, el ahorro necesario para adquirir una VPO de régimen general sería de 46.183 euros, frente a los 35.983 euros que tendrían que 'juntar' contando con la ayuda, con lo que el ahorro para las arcas públicas sería de 10.200 euros por vivienda. Por el contrario, el coste total en términos de recaudación de no producir una de estas viviendas es de 59.373 euros. Si se compara coste fiscal y ahorro, se deduce un saldo negativo de 49.173 euros para el Estado.

La CEOE considera que los efectos irán más allá de las cuentas y afectarán a la actividad del mercado. "La eliminación de la ayuda supone automáticamente menos demanda", ya que supone hacer "insolvente" a los potenciales compradores y, como recordó Galindo, "un promotor hace las viviendas que puede vender".

Además, aunque el Ministerio de Vivienda ha ampliado la financiación que pueden conceder las entidades financieras en para la compra de VPO del 80% al 90%, para compensar la eliminación de la AEDE, consideran que las entidades no aportarán ese 10% adicional a los posibles compradores porque ello les supondrá provisionar más recursos.

En consecuencia, se concederá menos financiación y caerán las compraventas de vivienda. En este punto, Galindo consideró que, de adoptar finalmente esta medida, debería ir acompañada de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir el 10% del crédito convenido para que no compute a efectos de riesgo.

Además, consideró que otra opción alternativa podría ser prorrogar un año la medida para la transformación de la vivienda libre en usada, que cuenta con ayudas, para dar salida al 'stock'.

Los empresarios se quejan de un "trato discriminatorio" de los promotores de VPO frente a las cooperativas, pues éstas disfrutarán durante el periodo de construcción de un diferencial en el tipo de interés entre el 0,25% y el 1,25%, mientras que para los promotores se situará entre el 0,25% y el 2%. Además, este incremento de los diferenciales entrará en vigor el 1 de enero, un "efecto llamada" para que las entidades financieras esperen hasta esa fecha para formalizar los préstamos que estén en tramitación, con el fin de aplicar un mayor diferencial en la operación.