La existencia de 200.000 viviendas sin vender supone un lastre para la recuperación del mercado

09/07/2009.- El director de los Servicios Jurídicos de Banca Hipotecaria del BBVA, Rafael Sanz, ha advertido hoy en Santander de que la existencia de un stock de cerca de 200.000 viviendas sin vender en España supone “un lastre para la recuperación del mercado inmobiliario”. Por ello, abogó por la concesión de “ayudas directas” para la compra de éstas “aunque no sean de protección pública”.

Así lo anunció en una rueda de prensa celebrada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con motivo de su participación en el Encuentro ‘Protección jurídica de adquirientes de viviendas’, en la que también intervinieron el director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Juan José Pretel, y el letrado y jefe de la Asesoría Jurídica de Cajasol, Joaquín Naval.

En su intervención, Sanz se refirió a las ayudas puestas en marcha por el Gobierno de España para facilitar la compra de viviendas que, en su opinión, “están bien”, pero tienen como finalidad “facilitar el pago de los préstamos hipotecarios a determinadas personas”.

En este sentido, defendió la rebaja de los costes fiscales de la compra-venta de viviendas ya que, según apuntó, “estamos pagando un 7 por ciento de IVA”. No obstante, reconoció que el “problema” es que si se habla de dar ayudas y recaudar menos impuestos “se resienten las arcas públicas de las comunidades autónomas y del Estado”.

Por su parte, Pretel habló de la necesidad de garantizar a los particulares la posibilidad de recuperar las cantidades que van entregando durante el proceso de construcción de las viviendas, bien mediante la contratación de seguros por parte de los promotores o “arbitrando nuevas medidas” desde el Registro de la Propiedad.

“Ahora mismo existe un aluvión de reclamaciones de avales de las cantidades entregadas a cuenta a las entidades financieras”, aseveró Naval, quien atribuyó este hecho a los compradores que “no encuentran financiación o no son capaces de afrontarla” y a aquellos pequeños inversores, que “proliferaron al calor del boom del ladrillo”, que querían adquirir una vivienda con “fines especulativos” y ahora “pretenden dar marcha atrás”.

Según el letrado jefe de la Asesoría Jurídica de Cajasol, se trata de un “círculo vicioso”, ya que, “si los compradores no pueden comprar las viviendas y se echan atrás, el promotor no puede seguir teniendo la financiación bancaria y no termina la promoción lo que perjudica a quienes sí desean seguir con la adquisición”. “Es un problema que desaparecerá en la medida en que se ponga fin al stock de viviendas que hay en estos momentos”, concluyó.

Preguntados por la situación de aquellos particulares que compran viviendas sobre las que pesan sentencias de derribo, Pretel respondió que frente a la infracción urbanística existen distintos “controles”. “Si no hay licencia de edificación o certificación del técnico, no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad”, concretó, al tiempo que puntualizó que “esta es la primera protección, es decir, aquello que ha accedido al registro ha superado ya unos controles, tiene normalmente una presunción de legalidad”.