La Comunidad da carpetazo al proyecto de Ciudad de la Justicia de González

Concretamente, la Dirección General de Justicia y Seguridad ha decidido, finalmente, el desistimiento del contrato de concesión de obra pública de este proyecto al haberse licitado cuando todavía no estaba resuelto, al menos, un contrato previo, ya adjudicado para el Campus de la Justicia, y que, en parte, tenía la misma finalidad. El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de esta propuesta.

Según ha explicado Garrido, el carpetazo al proyecto actual no supone la renuncia a concentrar las sedes judiciales de la región de Madrid por parte del Gobierno de la Comunidad, pero "haciéndolo con el mayor consenso posible con jueces y magistrados, colegios de abogados y procuradores y el resto de colectivos implicados, una iniciativa que, en su día, fue defendida tanto por los profesionales de la Justicia como por los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid".

El acuerdo se notificará a los licitadores, a los que se compensará por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica, tal y como consta en la cláusula 32 del pliego de contratación.

Eso sí, la nueva 'Ciudad de la Justicia' o como se denomine ahora, seguirá proyectándose en los terrenos de Valdebebas, ya que, según ha indicado el portavoz regional, ya hay construido algún edificio (Instituto de Medicina Legal) y alguna infraestructura.

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO

El pasado 5 de febrero se inició la tramitación del expediente de contratación de la ejecución de obra pública de la denominada Ciudad de la Justicia, proyecto presentado a finales de 2014 siguiendo un modelo distinto a la iniciativa original megalómana de Campus de la Justicia, de 2005 y que fue descartada tras el inicio de la crisis económica.

Tras iniciarse esta tramitación, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ordenó la paralización de la contratación con motivo del recurso interpuesto por Corsán-Corviam, al considerar que la contratación tenía por objeto una obra que ya se le había adjudicado a la empresa en junio de 2007 (en concreto, el proyecto de los Juzgados de lo Social y Mercantil del Campus de la Justicia).

En cumplimiento de esta resolución, el pasado 10 de julio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid suspendió la tramitación de la adjudicación del contrato, ha explicado Garrido. Desde ese momento, el Ejecutivo madrileño ha venido trabajando en la resolución de la situación generada con Corsán-Corviam, así como con otras dos reclamaciones similares planteadas por los arquitectos Ángel Borrego y Rafael de la Hoz por contratos no resueltos de Campus de la Justicia, que se encuentran a día de hoy en sede judicial y con incertidumbre sobre su fecha de resolución.

"En la medida en la que estos contratos deberían haberse resuelto antes de iniciar el procedimiento de contratación de la Ciudad de la Justicia y puesto que condicionan el nuevo proyecto, la Dirección General de Justicia y Seguridad entiende que se dan las circunstancias para proceder al desestimiento de la adjudicación y, así, ha informado hoy al Consejo de Gobierno", ha resumido el consejero.

En todo caso, ha indicado que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes no renuncia al proyecto de reagrupar las sedes judiciales de la región en un mismo espacio, al entender "que de esta manera se podrá ganar en eficiencia y se facilitarán los trámites relacionados con la Administración de la Justicia a los ciudadanos. Una propuesta en la que coinciden, según señalan, tanto los principales operadores jurídicos de la región como todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, a excepción de Podemos.

Ángel Garrido ha indicado que retomarán el proyecto de concentración de las infraestructuras judiciales madrileñas en un único punto "desde el principio y con el mayor acuerdo posible" y ha reconocido que el proyecto actual estaba "viciado desde el inicio". "Retomaremos el contacto con operadores jurídicos para relanzar el proyecto. Y lo haremos en un plazo breve", ha añadido.

Eso sí, ha aclarado que antes tendrán que resolver las tres reclamaciones jurídicas pendientes algo que, según ha apuntado el consejero, supondría pagar una indemnización de 500.000 euros por licitador, siempre y cuando lo soliciten y lo aleguen detalladamente. Por tanto, la resolución de este conflicto costaría a la Comunidad de Madrid 1,5 millones de euros.