Ahora resta desarrollar el protocolo en cada municipio para atender a la demanda
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El presidente regional, José Joaquín Martínez Sieso, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Miguel Angel Revilla, firmaron ayer con los alcaldes de 94 de los 102 municipios de la región el protocolo general entre el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para facilitar el acceso a la vivienda.
Al acto, celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander, y calificado como "histórico" por Martínez Sieso y Revilla, sólo faltaron los alcaldes de San Felices de Buelna, Santiurde de Toranzo, Santiude de Reinosa, Campoo de Enmedio, Riotuerto, Los Tojos, Villafufre y Villaverde de Trucíos.
Tras la firma del documento, el presidente regional destacó el consenso alcanzado y recordó que ahora resta desarrollar el protocolo en cada municipio para atender a la demanda, de forma que se alcance el objetivo de facilitar el acceso a vivienda de precio limitado o de promoción protegida a las personas con menor poder adquisitivo mediante medidas directas e incidiendo en los múltiples factores que influyen en el alto precio de la vivienda.
Resaltó que el documento es la adaptación en Cantabria del Plan de Vivienda 2002-2005, junto con el cual se tratará de facilitar un "acceso razonable" a una vivienda digna, tal y como consagra la Constitución.
PRESUPUESTO
Ahora, dijo, se inicia una labor de "consulta, diálogo y cooperación" entre administraciones para afrontar el reto de aplicar el protocolo y que éste tenga un efecto "positivo y duradero". Además reordó que en futuros presupuestos el Gobierno deberá habilitar una partida adicional para la aplicación del protocolo, una vez se concreten las actuaciones en los municipios.
Por su parte, el vicepresidente regional y consejero de Obras Públicas resaltó el consenso alcanzado en este asunto pese a la cercanía de las elecciones y recordó que las tres principales iniciativas de su departamento (Plan de Carreteras; Ley del Suelo; y Protocolo de Vivienda) han sido objeto del acuerdo de los afectados.
Consideró que mediante la aplicación de las diferentes medidas que se incluyen en el protocolo será posible que en los próximos años se atienda a la demanda de viviendas de precio reducido en Cantabria, a las que aspiran unas 10.000 personas, aseguró. En este sentido, consideró que el acto celebrado ayer es de los más importantes de las dos últimas legislaturas.
Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Julián Vélez, expresó su satisfacción por la consecución de este consenso y agradeció a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo su "predisposición" para aceptar las sugerencias y propuestas de los ayuntamientos.
Confió en que el protocolo suponga el inicio de "importantes cambios" para facilitar el acceso a la vivienda y la tramitación urbanística y aseguró que desde su perspectiva, el documento es vital" para el futuro inmediato.
PROTOCOLO
El objeto del protocolo es favorecer el acceso a la vivienda de las familias que no tienen capacidad económica suficiente para abordarlo en el mercado libre. Según lo establecido en el artículo 47 de la Constitución española, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, está recogido en la Carta Magna como uno de los principios rectores de la política social y económica. Asimismo, se recoge la necesaria implicación de los poderes públicos para promover la adecuada utilización del suelo de acuerdo con el interés general.
El protocolo general para facilitar el acceso a la vivienda propone la adopción de medidas relativas a planeamiento urbanístico y clasificación del suelo; facilitar el acceso a la vivienda, tanto para su compra como para el uso en régimen de alquiler y el impulso de disposiciones referidas a los suelos patrimoniales pertenecientes a las administraciones públicas.
Mediante la rúbrica de este acuerdo administración regional y local se comprometen a la adaptación del planeamiento urbanístico municipal a la Ley de Cantabria 2/2001 y el abaratamiento del suelo. En este sentido, los ayuntamientos clasificarán suficiente suelo urbanizable para neutralizar las presiones especulativas.
Por otra parte, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, se compromete a agilizar la tramitación de aquellos expedientes de modificación puntual de planeamiento urbanístico que supongan el uso residencial en las viviendas sometidas a algún régimen de protección.
En lo que se refiere a la compra de viviendas se estimulará con ayudas económicas la construcción de viviendas protegidas, por la iniciativa privada, para familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Para fomentar el alquiler, el Gobierno de Cantabria destinará ayudas económicas a las familias con ingresos inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Por último, en lo relativo a los suelos patrimoniales de las administraciones públicas se propiciarán los acuerdos o convenios que concreten el destino futuro de dichos suelos, estableciendo cesiones para los usos públicos y los procedimientos de enejenación de los suelos sobrantes.
Fuente: Agencias