El Estado rentabilizará los inmuebles que ahora ocupa

El Ministerio de Hacienda va a estrechar también el control sobre los bienes públicos, con el objetivo de racionalizar el coste que conlleva el uso del patrimonio inmobiliario del Estado.

Es por ello que la cartera que dirige Cristóbal Montoro está preparando una nueva Ley de Patrimonio con el objetivo de agilizar y modernizar los sistemas de contratación del patrimonio estatal. El objetivo es reducir la tasa de alquiler de los inmuebles que ocupa la Administración central, algunos incluso durante varias decenas de años, mediante la compra de edificios, o sustituyéndolos por otros pertenecientes al Estado y que están desocupados o mal aprovechados.
La actual norma sobre patrimonio data del año 1964, por lo que el Gobierno considera que ya se ha quedado "desfasada" y, en muchas ocasiones, resulta poco eficiente, sobre todo en el actual contexto de descentralización autonómica y local que está llevando a cabo el Estado, y bajo el objetivo irrenunciable del Ejecutivo central de mantener en el tiempo el equilibrio de las cuentas públicas.
Actualmente, la Dirección General de Patrimonio posee más de 40.000 inmuebles en propiedad. El departamento que dirige Montoro considera que no tiene sentido mantener edificios alquilados durante un periodo de tiempo muy largo si se trata de inmuebles destinados a servicios públicos fijos y con vocación de permanencia en el tiempo.
La nueva normativa, que ya está en fase de contraste con otros ministerios, contempla la creación de una comisión de coordinación que analizará el patrimonio del Estado y de los gobiernos regionales y locales por comunidades autónomas, provincias y municipios para ver qué posibilidades de intercambio o traspasos pueden realizarse en función de las necesidades de cada administración.

Los comienzos.- El Gobierno ha empezado ya a racionalizar el patrimonio estatal con el traspaso de 30 sedes del Banco de España a la Dirección General de Patrimonio, mediante un protocolo suscrito el pasado 11 de noviembre entre el subsecretario del Ministerio de Hacienda, Francisco Uría, y el subgobernador del Banco de España, Gonzalo Gil.
Una vez que los edificios, que suman un total de 112.028 metros cuadrados, hayan sido adecuados por Segipsa -sociedad instrumental de Patrimonio del Estado- para su uso administrativo, la Dirección General de Patrimonio procederá a asignarlos a los correspondientes organismos públicos a la vista de sus necesidades.