Los empresarios creen insuficiente la previsión de pisos del PGOU sevillano

El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sevillano sigue generando reacciones. Hace escasos días, el Consejo Económico y Social de la localidad aprobó su informe sobre el mismo y al día siguiente los empresarios presentaron sus alegaciones en el registro municipal a un documento, que a su juicio, se ha quedado corto en las previsiones de población y viviendas.

La construcción de 70.000 viviendas que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla prevé para los próximos años es, según la patronal, insuficiente para evitar el éxodo masivo de sevillanos al área metropolitana. Los empresarios de la ciudad, que entregaron recientemente en el registro municipal sus alegaciones a este plan, piden que se aumente el número de hectáreas para edificar, al objeto de frenar, según ellos, la sangría continua de población que sufre la capital, un documento que no ha previsto bien la evolución de la población sevillana y que, por tanto, tampoco los equipamientos ni el suelo para construir.
Por ello, la Confederación de Empresarios sevillanos reclama un estudio de la movilidad geográfica y la población real, al tiempo que señala que las previsiones respecto al área metropolitana plantea fallos derivados de que ésta no tiene aún configuración jurídica.
La entrega del documento de alegaciones estuvo encabezada por el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, el presidente de Gaesco, patronal de la construcción, el presidente de la Cámara de Comercio y el de la Federación de Empresas del Metal.
Todos ellos volvieron a reclamar al Ayuntamiento, y van ya cinco veces, que defina las bolsas de suelo municipal, así como que ofrezca su colaboración para poner en valor ese suelo y construir en él las viviendas de protección que se necesiten.
En este sentido, los empresarios destacaron que la no adecuación del avance del PGOU a la ley y la definición de buena parte de suelo como susceptible de ser urbanizable, deja en el aire que se lleven a cabo las viviendas planteadas.
Pero las alegaciones de los empresarios van más allá y la Confederación de Empresarios, por ejemplo, considera que debería consensuarse el diseño de las infraestructuras y las aportaciones económicas necesarias para ejecutarlas con los municipios del área metropolitana.
Por otra parte, consideran que se debería revisar el proyecto de convertir las 390 hectáreas de Tablada en un parque metropolitano, abogando por compatibilizar diferentes usos, incluido el residencial.
También el informe del Consejo Económico y Social (CES), elaborado por representantes de los sindicatos, empresarios y asociaciones de vecinos, advierte que el documento, además de "impreciso en su estudio económico" y "poco ambicioso", está muy pendiente del crecimiento de la población en el área metropolitana y plantea infraestructuras orientadas hacia ella, que no disfrutarán los vecinos de la capital.
Este Consejo hace referencia a ciertos proyectos en marcha, y se pronuncia a favor de que el suelo de Tablada sea no urbanizable, mientras que rechaza nuevos usos para la isla de la Cartuja por considerar que éstos distorsionarán los actuales usos de investigación y desarrollo e implicarían destrozar espacios públicos.
En definitiva, lo que critica el CES es la poca claridad en torno a la clasificación del suelo, así como el hecho de que proyectos como la Ciudad de la Justicia o la gestión de los terrenos de Villanueva del Pítamo se vayan a hacer de manera diferente a como se expone en el avance.