Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una moción presentada por Convergencia i Unió (CiU) en la que solicitaba al Gobierno que rebajase del 7% al 4% el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a las viviendas de protección oficial y que incluyese un nuevo tipo reducido del Impuesto de Sociedades para las promotoras de viviendas que destinen al alquiler los inmuebles que desarrollen.
A las medidas contempladas en el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en la Ley de Haciendas Locales se sumarían, si llegase a prosperar la petición de CiU, una rebaja del 7% al 4% del IVA aplicable a las viviendas de protección oficial y la creación de un nuevo tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades para promotoras que destinen viviendas al alquiler, aunque no se ha llegado a acordar cuál sería el porcentaje de esta rebaja fiscal.
El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado en el Congreso que estas medidas permitirán que las pequeñas y medianas empresas españolas puedan "invertir más y, como consecuencia, se generarán más puestos de trabajo".
El resto de propuestas de CiU, y que también ha aprobado el Congreso, invitan al Ejecutivo central a favorecer a los trabajadores autónomos mediante una reducción de la carga fiscal a las pequeñas y medianas empresas y autónomos acogidos al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta y al régimen especial simplificado del IVA.
Otra de las peticiones del partido catalán es que el Gobierno apruebe una Ley General Tributaria que mejore las relaciones entre la Administración y el contribuyente, "ofreciéndole un marco tributario más cómodo, sencillo y eficaz" y agilizando los procesos de pago y devolución de las cantidades correspondientes a los impuestos.
El nuevo IRPF, que entró en vigor el pasado enero, ya incorpora ventajosos incentivos fiscales para la vivienda. Sólo en el presente ejercicio el Ministerio de Hacienda va a destinar, en conjunto, 4.700 millones de euros a incentivos y bonificaciones, en la que representa la cuarta política en cuanto a volumen de dinero reservado, como contemplan los Presupuestos Generales del Estado de 2003.
Las ventajas fiscales para las viviendas de protección oficial pasarían a engrosar el amplio paquete de incentivos destinados al sector inmobiliario que ha puesto en marcha el Gobierno durante el presente ejercicio.
A estas ayudas estatales hay que sumar algunas bonificaciones de carácter municipal que se están poniendo en marcha, como en el caso de Alcorcón, localidad madrileña, que ha aprobado reducciones de un 50%, 70% y hasta 90% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas.