La vivienda, un derecho irrenunciable

Presentación Urán

Los ciudadanos españoles observan con impotencia la escalada espectacular y sostenida de los precios de la vivienda.

Esta situación, combinada con un panorama de empleo muy precarizado aconseja una fuerte actuación pública en esta materia. Sin embargo, esta acción pública brilla por su ausencia.
Los planes de Fomento no han cubierto ni siquiera el 40% de los objetivos previstos y en capítulos como el de construcción de viviendas protegidas no se ha llegado ni al 50%. La dejadez del Ejecutivo del PP en este campo es tan grave que en 2000 la construcción de VPO calló un 35% respecto al año anterior, las acciones financiadas por Fomento se redujeron en un 75% respecto a 1999 y los créditos concedidos fueron un 28% menores que los aprobados con anterioridad.
El Banco de España señala que en 20 años las viviendas protegidas han pasado de representar el 60% de las de nueva construcción a suponer sólo un 10% del total de las construidas. En este contexto, Izquierda Unida quiere recordar que la vivienda no sólo es una necesidad social de primera magnitud sino que es un derecho constitucional.
Por todo ello, instamos al Gobierno a que incremente de forma substancial la actividad y la eficacia del Ministerio de Fomento en la promoción de políticas públicas activas que posibiliten el acceso real y efectivo a la vivienda del mayor número de ciudadanos necesitados de la misma. A crear patrimonios públicos de suelo como sistema de regulación de los precios del mercado.
El objetivo es incrementar los volúmenes de construcción de VPO hasta alcanzar las 30.000 viviendas públicas en alquiler destinadas a las rentas más bajas al año, y la construcción anual de unas 70.000 VPOs, hasta llegar, como mínimo a un 30% de viviendas públicas respecto del conjunto de las construidas anualmente.
Se hace necesario apostar por una política de vivienda de alquiler pública, tal y como se hace en otros países de la UE, para paliar la especial dificultad emancipatoria de los jóvenes españoles. Sería bueno, también, gravar fiscalmente a los pisos desocupados para favorecer su puesta en el mercado de alquiler, todo ello sin menoscabo del derecho a la propiedad, pero con pleno respeto al mandato constitucional de subordinación de la riqueza del país al interés general y a la función social de la propiedad.