El Consistorio de A Coruña expropiará los inmuebles en estado ruinoso

La nueva Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia permite que los ejecutivos municipales puedan expropiar aquellos solares o edificios que se encuentren en situación de abandono. Acogiéndose a esta medida, el Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha un plan para poner en manos privadas aquellos inmuebles que tengan un estado ruinoso, a pesar de la oposición vecinal.

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha un plan que permitirá poner en manos privadas aquellos edificios en estado ruinoso y locales sin edificar que se encuentren ubicados en la Ciudad Vieja. Para llevar adelante esta iniciativa, el Gobierno local cuenta con el apoyo de promotores, quienes se muestran satisfechos de esta decisión, aunque afirman que son numerosos los problemas que acarrea efectuar una obra de construcción en esta zona, por sus dificultades técnicas.
Para poder realizar este plan, el alcalde de la ciudad herculina, Francisco Vázquez, ha dictado una providencia mediante la cual se ordena la creación de un registro de fincas sin edificar y construcciones ruinosas, así como la declaración de esta zona de la urbe como área prioritaria de edificación forzosa.
Esta medida conllevará que cualquier edificio en el que sus propietarios no realicen reformas en dos años, a partir del momento en que sea inscrito en el registro, será expropiado. Una vez efectuado ese paso, el Ayuntamiento estará capacitado para vender la propiedad a particulares para que puedan construir en ella. Pero, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Salvador Fernández Moreda, esta iniciativa sólo se llevará a cabo "en aquellos edificios en los que no viva nadie".
Las directrices del plan puesto en marcha por el Gobierno local se acogen a las nuevas normas que se establecen en la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, aprobada por la Xunta a finales del pasado año, que da capacidad a los gobiernos locales para regular este punto de la nueva normativa.
De esta forma, los responsables del Ayuntamiento coruñés se han dotado de los medios necesarios para, según la reciente ley aprobada, obligar a los propietarios a construir en estas parcelas en los cuatro años siguientes a la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Municipal.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta medida y ya se han alzado voces que consideran que es una manera de dejar que los promotores puedan decidir sobre las construcciones de esta zona histórica de la ciudad, sin contar con los intereses de los actuales inquilinos de las viviendas.
Entre las entidades opuestas a esta iniciativa se encuentra la Asociación de Inquilinos de A Coruña, que responsabiliza al Consistorio herculino del deterioro progresivo en el que se ven inmersos, tanto el entorno de la Ciudad Vieja y Pescadería, como de las viviendas ubicadas en estos puntos. También afirman que, no sólo permite esa situación de abandono, sino que "promueve ahora una operación especulativa al anunciar que venderá a promotores y particulares los locales e inmuebles expropiados".
Para los vecinos, "la iniciativa privada sólo va al negocio y no se para ante los intereses o problemas de los inquilinos".
Por su parte, los representantes de los partidos de la oposición manifiestan su desconfianza ante una medida que consideran no va a beneficiar a los actuales moradores de las casas. En el caso concreto del Partido Popular, su portavoz, Antonio Erias, reprocha al Gobierno local el hecho de que no disponga de suficientes recursos para hacer frente a la rehabilitación del casco histórico.
Tanto Erias, como los concejales del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) han solicitado la creación de una oficina municipal que se encargue de gestionar cualquier actividad urbanística que se lleve a cabo en la zona antigua de la urbe.
El concejal responsable de temas de Urbanismo en el partido nacionalista, Mario López Rico, ha calificado la medida municipal de nefasta, añadiendo que "eso no es más que poner en manos de cuatro promotoras la Ciudad Vieja y decirle a los vecinos abandonad toda esperanza que vamos a por vosotros".
El texto legal aprobado por el grupo socialista, con la oposición de los otros dos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, establece los criterios que se seguirán para declarar en ruinas un edificio, y obliga a los propietarios a realizar una inspección de los inmuebles que tengan más de veinte años de antigüedad para catalogarlos y decidir si se engloban dentro de ese estado ruinoso, que permitiría su adquisición por una persona o entidad privada.