Las infracciones urbanísticas en la costa se redujeron un 80% desde abril de 2002

En octubre de 2001, la Consejería de Medio Ambiente cedió las competencias sobre el litoral gallego a la de Pesca, aunque la cesión no se hizo efectiva hasta abril de 2002. Desde ese momento, los expedientes incoados por infracciones urbanísticas descendieron un 80% con respecto al ejercicio anterior. Así, en 2002 sólo se abrieron 77 expedientes sancionadores entre las provincias de Pontevedra y A Coruña. En la de Lugo no se produjo ninguno.

La Consejería de Pesca recibió en octubre de 2001 las competencias sobre el litoral gallego cedidas por Medio Ambiente, aunque el proceso no se hizo efectivo hasta el pasado abril, cuando se aprobó un decreto que frenó las inspecciones que realizaba la Xunta para evitar que se cometieran infracciones por construir en el litoral.
Desde ese momento, el número de expedientes abiertos por infracciones urbanísticas en primera línea de costa descendió un 80%. Un descenso difícil de prever si se tiene en cuenta que entre el año 2000 y 2001, los expedientes incoados pasaron de 284 a 402.
Durante el año 2002, el número de expedientes abiertos por la Subdirección General de Gestión Administrativa y Usos del Litoral, perteneciente a la Dirección General de Recursos Marinos de la Consejería de Pesca, no superó los 77 por infracciones urbanísticas en primera línea de costa.
Pontevedra es la provincia en la que más expedientes se han abierto, en total 41, y A Coruña es la segunda, con un total de 36 expedientes por infracciones cometidas por edificar en la franja costera.
Los datos demuestran el notable descenso producido desde hace dos años. En 2000, el número de expedientes incoados por infracciones urbanísticas en el litoral fueron un total de 112, que subieron hasta los 204 durante 2001, lo que significa que el aumento en la provincia coruñesa fue del 82% en ese periodo.
Durante el pasado ejercicio, la Consejería de Pesca no efectuó ningún expediente en la provincia de Lugo, mientras que en 2001 el número se situó en 95 expedientes abiertos por dicho motivo.
Esta reducción se debe, según señala la Consejería de Pesca, al traslado de materiales y personal de uno a otro departamento de la administración, un proceso que se vió acentuado por la tragedia del hundimiento del petrolero Prestige.
La preocupación por el estado del litoral gallego ha llegado a las asociaciones ecologistas. Greenpeace destaca entre las actuaciones más graves la construcción de infraestructuras costeras, como diques y puertos, e inmuebles en las inmediaciones de las playas, como es el caso de la Aguete, en la localidad pontevedresa de Marín, y Silgar, en Sanxenxo, O Morrazo, Meloso o A Lanzada, en Pontevedra. A esto hay que sumarle los numerosos vertidos y la falta de saneamiento de las costas .
Si la situación continua como hasta ahora, estos espacios naturales irán perdiendo arena, ya que la alteración de las corrientes interrumpe el ciclo natural de regeneración de las mismas, al impedir que el mar devuelva la arena que se llevan las mareas.
Según el estudio de los ecologistas, una de las infracciones más comunes que se dan en estos momentos es la edificación de manera masiva en primera línea de playa. Para ello, la Ley de Costas prevé sanciones diferentes dependiendo de la regulación que existe para cada zona, teniendo en cuenta la distancia que existe entre la ribera y el mar.
El primer límite establecido en la Ley de Costas es la zona que se denomina "servidumbre de tránsito", y que comprende los seis primeros metros desde la ribera, mientras que el segundo límite, la "servidumbre de protección", son los cien metros de ancho que se contabilizan tierra adentro desde la orilla del mar. En este espacio apenas se puede construir, a menos que sean edificaciones consideradas de interés público, como los paseos marítimos o los puertos.
La Xunta intentó ampliar el límite hasta los 200 metros, tal y como se especificaba en el proyecto de Ley de Ordenación Urbanística y que duplicaba el espacio actual en el que se prohibía la edificación en la costa. Sin embargo, las duras críticas realizadas por diversos alcaldes del PP hicieron que el partido en el Gobierno recapacitase y devolviera los límites a lo estipulado inicialmente.
El pasado mes de julio el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, demolió un edificio de seis plantas diseñado para albergar 64 apartamentos en la playa lucense de Areoura y que nunca se terminó. La empresa Extracco, contratada para hacerse cargo de los escombros, se dedica actualmente a derruir con excavadoras un edificio ubicado en el municipio de Barreiros.